En lo que se antoja una maniobra casi propagandística del Gobierno para tratar de contrarrestar el aluvión de críticas recibidas a cuenta de su condescendencia con el régimen de Hugo Chávez, que no solamente está bajo sospecha de amparar a ETA, sino que incluso ha acusado a las Fuerzas de Seguridad españolas de haber torturado a los etarras que denunciaron la connivencia del régimen de Caracas con los asesinos, la Audiencia Nacional anunció ayer que varios policías patrios se desplazarán hasta Bogotá para interrogar a nueve antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y averiguar así cuáles son sus verdaderos vínculos con ETA.
No obstante, anunciar ahora una medida que sin duda es oportuna para esclarecer la relación entre la guerrilla y la banda vasca se antoja un gesto mucho más político que judicial, puesto que el juez Eloy Velasco, adoptó la decisión el pasado día 21 de septiembre, bastante antes de la polémica revelación sobre los cursillos.
Además, la Audiencia informó de que ha solicitado también que se incorpore a la causa la documentación intervenida al líder de las FARC Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, que fue abatido por el Ejército colombiano el pasado 23 de septiembre.
Así, Velasco detalló que ha convocado para el día 15 del próximo mes a un ex fiscal y un ex militar que declararán como testigos protegidos y aportarán información sobre las relaciones entre ETA y las FARC.
Ambos comparecientes, cuya identidad no se ha hecho pública, han sido propuestos por la acción popular, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid.
Además, hasta la Audiencia ha llegado el requerimiento de otro representante del Ministerio Público venezolano residente en EEUU que se ha dirigido por carta al juez Velasco para mostrarle su disposición a comparecer en la causa. Su testimonio, que previsiblemente se realizará mediante videoconferencia, pretende trasladar al instructor que una superior jerárquica en la Fiscalía del régimen de Caracas le obligó a tomar decisiones que favorecían a varios etarras.
Y mientras, en el frente puramente político, la vicepresidenta De la Vega volvió a dedicar sus mejores esfuerzos para tratar de mitigar el desgaste causado por la polémica y compareció junto con su homólogo colombiano en una rueda la prensa en la que remarcó que el Gobierno «ha actuado con una posición clara, firme y muy contundente» en este asunto.
Por si no hubiera sido lo bastante tajante, la número dos del Ejecutivo insistió en que el Gabinete socialista está «colaborando total y absolutamente» con los jueces que investigan las conexiones internacionales de ETA. «Que no quede la más mínima duda», proclamó.
Algunas horas después, ya bien entrada la tarde, De la Vega volvió a comparecer ante los medios de comunicación para informar de que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, había vuelto a llamar al embajador venezolano en Madrid para exigir a Caracas «acciones contundentes y decididas» en relación con Arturo Cubillas, ex terrorista de ETA y hoy alto cargo del equipo de Chávez que fue el encargado de impartir cursillos a varios etarras tal y como confesaron dos miembros del complejo Donosti.
