Pusieron toda la carne en el asador. Todos. El equipo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preparó el último Consejo Europeo como si le fuera la vida en ello, y en cierto sentido le iba: sin el respaldo de Bruselas al decreto ley del Ejecutivo para la reforma laboral era difícil que los grupos parlamentarios aceptaran un texto que consideran insuficiente y con necesarias modificaciones; si no lo aceptaban los grupos, difícilmente podría salir adelante en el Congreso la semana próxima; si no se aprobaba, el líder socialista se vería obligado a pensar seriamente en la necesidad de dar por terminada la legislatura y convocar elecciones. Su osadía es grande, casi ilimitada, pero con la Unión Europea en contra y dispuesta a una intervención, y con los partidos conservadores ejerciendo una oposición férrea y unánime, su situación se hacía insostenible.
La UE había decidido días antes una serie de medidas que llamaron el test de estrés bancario, para conocer a fondo la situación de cada uno de ellos, para que la transparencia fuera absoluta. Y el equipo de Zapatero acudió a Bruselas con un as importante en la manga: el resultado de ese test, que no debería ser conocido hasta dentro de unos días, indicaba que las dos entidades europeas más solventes, más seguras, eran el Santander y el BBVA. Filtrar ese dato fue una buena idea, se miró a España con mejores ojos después de meses en los que todo lo que procedía de Madrid parecía maldito, contaminado por una mala gestión que resultaba un lastre para el resto de la Unión. A eso había que añadir que los días previos al consejo la canciller Angela Merkel se hartó de apuntar a todos y cada uno de sus interlocutores que España no era un país fiable y que no se debía descartar una intervención del estilo de Grecia. En ese sentido, fue importante la conversación que mantuvo Rajoy con la alemana el día anterior. El popular, con buena sintonía personal con la dirigente germana, puso todo su empeño en convencerla de que los españoles son gente seria, que cumplen sus compromisos, que sus banqueros y empresarios han tomado las medidas oportunas para afrontar la crisis a pesar de que el Gabinete tardó en reaccionar, y le explicó que una posible intervención de la UE solo profundizaría aún más la crisis.
Merkel tiene escasa simpatía por Zapatero aunque, como personas educadas que son los dos, en sus citas hacen gala de una cordialidad que ambos saben que es ficticia. Merkel no perdona a Zapatero que la llamara «fracasada» cuando se enfrentó al socialista Schröeder y peor aún fue que la traicionara con la italiana Enel tras haber brindado con ella por la entrada de la alemana EONn en Endesa. Siempre quedará la duda de si la posición tan estricta de Berlín respecto al Gobierno nacional se debe a su falta de confianza en las medidas que pretende aplicar su Ejecutivo, o si están relacionadas con su opinión personal sobre el presidente.
En cualquier caso, el cambio de actitud de Merkel, más los datos sobre los bancos españoles y, sobre todo, el texto del decreto ley sobre la reforma laboral, dieron un respiro a Zapatero, le allanaron el camino en su último consejo europeo como presidente de turno.
Buenas noticias
Mientras Zapatero se encontraba en Bruselas le llegaban además buenas noticias de España: los nacionalistas catalanes parecían dispuestos a apoyar el decreto ley siempre que se introdujeran algunas modificaciones cuando se tramite en otoño como proyecto de ley; el PP no se había manifestado en contra, lo que hacía pensar que se podría inclinar por la abstención. Zapatero sabía además que los dirigentes europeos conservadores le habían hecho llegar a Rajoy su incomodidad por haber votado hace tres semanas contra las medidas de ajuste que venían obligadas por Bruselas, ssufragio que estuvo a punto de echar por tierra esas iniciativas, con lo cual Rajoy tenía difícil volver a votar en contra de un decreto, el de la reforma laboral, al que la UE había dado su visto bueno.
Por otra parte, también le llegaban noticias a Bruselas de que la CEOE se disponía a hacer público un comunicado en el que no rechazaba de plano el decreto, aunque hacía algunas sugerencias que pensaba negociar con partidos de la oposición y con el propio PSOE para intentar que algunas de ellas fueran en el proyecto definitivo.
¿Y los sindicatos? Ahora a Zapatero no le preocupa excesivamente el llamamiento a la huelga general. Lo que le importa es lograr el respaldo más amplio posible a la reforma laboral: el de los empresarios y el de los partidos. Ya tendrá tiempo más adelante de pensar en los efectos de la huelga.
