Por más que no pueda extrañar que los terroristas quieran liquidar a toda costa al jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer que los 10 detenidos el pasado miércoles, como integrantes de la red de enlaces entre ETA y los asesinos presos, facilitaron a la cúpula de la banda información sobre su persona, presumiblemente «para que la utilizara con las peores intenciones».
Además de su labor como informantes de potenciales objetivos, el entramado desarticulado, en el que destacaba la presencia de varios abogados defensores de pistoleros, se dedicaba a facilitar la huida de etarras, a la captación de nuevos activistas, a la gestión del cobro del mal llamado impuesto revolucionario y a velar, en calidad de agentes de una especie de Gestapo terrorista, por el cumplimientos de la ortodoxia de la banda entre los encarcelados.
Obviamente, gracias a la redada de la Guardia Civil, el socialista destacó que, a partir de ahora, ETA ya no tendrá «comisarios políticos» encargados de establecer una disciplina férrea en las cárceles, y añadió que este colectivo pasa «por una situación de menos unidad que otras veces». Rubalcaba fue incluso más allá al aventurar que «algún preso defendido por estos abogados se sentirá aliviado tras esta operación porque prefiera tener a su abogado en la celda de al lado mucho mejor que al otro lado de la mesa del locutorio».
«Esta es una posibilidad cierta», recalcó el jefe de la Policía, dado que «además de sus letrados, los detenidos eran sus carceleros».
Respecto al colectivo de reclusos, conocido como frente de makos, el ministro dijo desconocer «qué va a pasar» en el futuro inmediato, pero sí quiso matizar que, en lo sucesivo, «ya no van a tener a sus controladores, aquellos que les trasladaban de la forma más ortodoxa posible las instrucciones de ETA».
También explicó que los arrestados, todos ellos veteranos terroristas, nos solo dinamizaban «las estructuras sociales de la banda en el mundo de las cárceles y las familias», sino que, además, desempeñaban otra serie de funciones vitales para el desarrollo de la organización asesina. De hecho, servían como agencia de colocación de pistoleros y encargaban de concertar citas en Francia entre los aspirantes a terroristas y la dirección de la banda.
Lo que hasta el miércoles eran meras sospechas sobre las «actividades ilegales que los capturados realizaban en nombre de ETA» han podido constatarse gracias al material encontrado en los 17 registros efectuados.
«Hacía mucho tiempo que las Fuerzas de Seguridad sospechaban de que estos abogados usaban su posición para otras tareas que excedía con mucho la Ley, pero se necesitaban las pruebas», insistió Rubalcaba antes de declararse «superseguro, hiperseguro» de que cuenta con la documentación suficiente para probar tales actividades ante los tribunales.
Asimismo, insistió en que los letrados ahora entre rejas solo se dedicaban al Derecho «a tiempo parcial» y que en su actividad profesional primaba su integración en la banda terrorista.
Y mientras el jefe de Interior explicaba los verdaderos planes de los asesinos, muy alejados de esos cantos de sirena de democratización cacareados por los abertzales, la Audiencia Nacional, últimamente acusada por algunos de cierta condescendencia con el entorno de la banda terrorista, acordó dejar en libertad bajo fianza de 50.000 euros al ex dirigente de Batasuna Juan José Petrikorena y a nueve responsables de ANV y PCTV, que están pendientes de ser juzgados en relación con el sumario que investiga a la cúpula de las tres formaciones ilegalizadas.
Cabe resaltar que tal decisión se adopta, una vez más y de manera harto sorprendente -a menos que se circunscriba en la denunciada nueva negociación política entre el Gobierno y los proetarras- en contra del criterio del Ministerio Público.
Es precisamente la presencia en las calles vascas de ese tipo de personas la que motiva la decisión adoptada ayer por el Gobierno vasco, que sacó a concurso, con un presupuesto de 144 millones de euros, el contrato del servicio de protección a personas, que incluye la contratación de escoltas, tanto para los cargos electos y políticos populares, socialistas y de otras formaciones, como para jueces y magistrados, así como para víctimas de violencia de género.
