La huelga de los empleados públicos organizada por CCOO, UGT y CSIF, a la que estaban convocados 178.000 trabajadores en la Comunidad, tuvo un seguimiento muy dispar dependiendo de la fuente consultada ya que la Delegación del Gobierno sitúo su incidencia en el 6,95 por ciento y la Junta en el 4,31, mientras que los sindicatos elevaron esos porcentajes entre el 70 y el 75 por ciento.
Los secretarios regionales de CCOO y UGT, Ángel Hernández y Agustín Prieto, respectivamente, y la presidenta de la Gestoría de CSI-CSIF en Castilla y León, Carmen Llorente, defendieron sus cifras, y expresaron que se trata de una participación «moderada» debido a los abusivos servicios mínimos establecidos en la diferentes administraciones. Hernández, Prieto y Llorente participaron por la mañana en un concentración frente a la Delegación del Gobierno, junto a otros 150 empleados públicos, y por la tarde en una movilización a la que acudió medio millar.
Los dirigentes sindicales arremetieron contra el recorte salarial medio del cinco por ciento a los empleados públicos y criticaron que muchos de los sectores no pudieron secundar el paro, como la Policía Local o muchos sanitarios, con un amplio porcentaje de servicios mínimos.
Primer aviso
Los grandes sindicatos coincidieron en reiterar en varias ocasiones que este paro es un «primer aviso contundente» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cara a la reforma laboral que plantea y cuyo decreto estará listo el 16 de junio.
El número total de empleados públicos que ejercitaron su derecho a la huelga fue de 4.096 (en el ámbito de la Administración autonómica y de las universidades públicas). Por sectores, en el ámbito de la Administración el porcentaje de participación fue del 4,44 por ciento; en el sector sanitario, de un 1,32 ; en el sector docente no universitario, de un 4, 38 y en el ámbito de las universidades, del 13,14 por ciento. La huelga se desarrolló «sin incidentes destacables en un clima de normalidad, garantizándose los servicios mínimos y una adecuada atención a los ciudadanos dentro del respeto a las organizaciones sindicales», según las mismas fuentes.
La Delegación del Gobierno cuantificó en el 6,95 por ciento la incidencia en los servicios de la Administración del Estado en la Comunidad , en la que apoyaron el paro 823 de 11.835 trabajadores no sujetos a los servicios mínimos.
