Un día después de los graves enfrentamientos en el poblado cercano a El Aaiún entre fuerzas militares marroquíes y saharauis, el Frente Polisario denunció ayer que, hasta el momento, han muerto 11 personas, al tiempo que acusó a sus enemigos de emplear fuego real contra la población civil.
Ante el veto a los periodistas -el último afectó a 13 reporteros, entre ellos ocho españoles-, con la consiguiente protesta de la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, ésta es la información más fidedigna que se tiene de la entrada por la fuerza de unidades magrebíes en el campamento, levantado hace un mes para exigir mayores derechos sociales y económicos de los saharauis. La nota añade que los agentes dispararon contra «más de 26.000 personas indefensas en su mayoría mujeres, niños y ancianos».
En un comunicado, el Ministerio de Información saharaui cifró en 723 los heridos y en 159 las personas desaparecidas de las que sus familiares no tienen noticias: «Las fuerzas de agresión usaron balas reales, bombas lacrimógenas, porras, piedras y cañones de agua contra una población pacífica que no podía hacerles frente». El departamento añadió que el balance provisional de víctimas «corre el riesgo de incrementarse considerando las dimensiones de la agresión ejecutada» por el país vecino, y advirtió de que entre los desaparecidos puede haber muertos.
La nota aseguró que en la operación participaron diversos cuerpos del Ejército marroquí, entre ellos decenas de unidades militares desplazadas desde el muro de separación, además fuerzas de la Gendarmería y de la Policía. Asimismo, indicó que «saquearon centenares de casas y tiendas y destruyeron varios vehículos propiedad de saharauis».
«Todo ello fue minuciosamente preparado por el Estado Mayor del Ejército ocupante en coordinación con especialistas de los servicios de información que dominan perfectamente el arte de la tortura, las liquidaciones físicas y la desaparición», aseveró el escrito.
El Ministerio de Información saharaui subrayó que la expulsión de la zona de periodistas extranjeros, eurodiputados, diputados nacionales de países europeos y representantes de la sociedad civil «era una necesidad imperiosa para el asesino, que no puede aceptar la presencia de testigos».
Mientras, la ciudad de El Aaiún comenzó ayer a enterrar a sus víctimas «en la dignidad y el dolor ante la barbarie de un ocupante despótico y feudal, a quien no le molesta lo más mínimo cometer cobardes asesinatos dignos del apartheid y del nazismo», según la nota.
Desde Rabat, donde se subraya que la situación es de «relativa calma», solo se reconoce el fallecimiento de un civil saharaui, en tanto que se indicó que tres agentes de las fuerzas del orden marroquíes murieron a causa de las heridas sufridas el lunes en la intervención para desmantelar el campamento, lo que eleva a ocho el número de muertos entre los cuerpos de seguridad, según indicaron fuentes hospitalarias.
Al otro lado del charco, Marruecos y el Frente Polisario iniciaron el segundo y último día del encuentro informal auspiciada por la ONU en las afueras de Nueva York para tratar de reconducir el proceso de negociación de una salida al conflicto del Sáhara Occidental. Ambas delegaciones volvieron a verse con el enviado especial de la ONU para el Sáhara, Cristopher Ross, en medio de un ambiente enrarecido.
Asimismo, representantes de Argelia y Mauritania, en calidad de países vecinos, se sumaron a la sesión de cierre de la cita, que se lleva a cabo en una finca de la localidad de Manhasset (Nueva York), lejos de la atención de la prensa y a puerta cerrada. Este tercera reunión informal pretende avanzar en la preparación de las condiciones necesarias para celebrar una quinta ronda del proceso de negociación que se empezó en 2007 a instancias del Consejo de Seguridad, pero que lleva dos años estancado.
A última hora de la jornada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inició gestiones, a petición de México, para convocar una reunión informativa acerca de los disturbios en esta región. Horas antes, la propia ministra Jiménez, cuya comparecencia ha sido exigida por el PP, desmintió que fuera España la que solicitara a la ONU ese encuentro. Y es que la prudencia del Ejecutivo está siendo escrupulosa.
