La Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León rechaza la creación y reconocimiento por ley de la Universidad Privada ‘Universidad Internacional de Castilla y León’ con sede en Burgos (Unicyl) aprobada por la Junta, por entender que la demanda de estudios ya está cubierta, que los promotores adolecen de una experiencia académica sólida y que la utilización del nombre de Castilla y León perjudica al sistema universitario de la Comunidad.
Así se recoge en el informe elaborado por este órgano al proyecto de ley por el que se reconoce como Universidad Privada a la ‘Universidad Internacional de Castilla y León’ con sede en Burgos, normativa que se debatirá en el pleno del Parlamento de este miércoles, a la que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad.
La Junta aprobó en Consejo de Gobierno y remitió a las Cortes la ley sin tener en cuenta el informe desfavorable emitido por el Consejo de Universidades. El texto incorpora también una serie de consideraciones que llevan la firma de los cuatro rectores de las universidades públicas.
Alegan tres motivos para señalar que la creación de esta nueva universidad, no presencial y on line, no se justifica: académicos, relacionados con la modalidad de la docencia que plantea y de denominación de la futura institución. El informe observa que la demanda de estudios ya está cubierta con las ocho universidades públicas y privadas, que las materias que pedirán impartir ya se encuentran en el mapa de titulaciones de Castilla y León y que la aportación de alumnado procedente de otros países no será significativa porque la Comunidad ya es la segunda en España en número de alumnos.
Así, valora que los promotores de la Unicyl, la empresa Campus Educativo de Castilla y León S.A, «adolecen» de una experiencia académica sólida, que podría determinar «negativamente» en el desarrollo de la institución.
Igualmente, cuestiona la modalidad de docencia no presencial y señala que no es una novedad. Uno de los aspectos con el que se muestra más duro es con la denominación de ‘Universidad Internacional de Castilla y León’, cuya utilización ven como una «competencia desleal y la generación de confusión que perjudicará el sistema universitario de la Comunidad». Los rectores también expresan su preocupación porque si se llega a autorizar este centro habrá un periodo de tiempo en que la nueva universidad podrá impartir títulos propios sobre los que no habrá ningún control.
