En una nueva redada contra la corrupción que pareció destinada a generar revuelo informativo y a provocar daño electoral, la Policía detuvo ayer durante unas pocas horas al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela.
Los cuatro quedaron en libertad a lo largo de la tarde, aunque, con la excusa del secreto sumarial, no quisieron especificar si pesa sobre ellos algún tipo de cargo. Los agentes también llevaron a comisaría al empresario Ángel Fenoll y a su hijo, que, al igual que los dirigentes, estarían implicados en una trama relacionada con concesiones ilícitas de servicios de recogida y tratamiento de basuras. El escándalo salpica asimismo a Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules, recién ascendido a Primera. El total de detenciones ascendió a 11.
Una vez con su cliente en la calle, el abogado de Ripoll mostró su «tranquilidad» y anunció que cuando sepan «algo» lo comunicarán, aunque adelantó la total inocencia de su defendido: «No hay nada, absolutamente nada», proclamó antes de negarse a comentar cualquier detalle sobre los motivos del arresto.
No obstante, fuentes policiales que prefirieron mantener el anonimato aseguraron que todos los implicados están acusados, según los casos, de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. En suma, aunque nada trascendió oficialmente sobre la génesis del caso, que también conllevó 19 registros en diversas compañías y en la propia sede de la institución provincial, todo apunta al conocido como soborno de la basura en torno a la contrata de residuos en esa comarca. Dicha investigación comenzó en 2006 cuando Fenoll denunció un soborno por la adjudicación de la contrata de Orihuela y entregó una grabación en DVD a la Fiscalía. A raíz de tales revelaciones, el propio empresario fue detenido en 2007 por cohecho y extorsión y la Policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial.
Fenoll quedó libre tras pagar una fianza, pero la documentación permitió iniciar nuevas pesquisas sobre la posible financiación de campañas electorales. En ese marco, el juez se interesó por la adjudicación de una planta de basuras en la Vega Baja, cuya construcción se paralizó tras la detención de Fenoll. El año pasado, Ripoll decidió retomar el proyecto y lo adjudicó al empresario Enrique Ortiz, también salpicado por el caso Gürtel.
Cabe recordar que Ripoll lidera en Alicante el sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, con quien se ha mostrado crítico a cuenta de la trama dirigida por Correa. De hecho, este arquitecto de 53 años llegó a solicitar en octubre la creación de un comité de crisis para afrontar «tragedias» como la sufrida, a su juicio, por el PP y, un mes después, denunció «amenazas» en el Comité Regional por su postura contraria a las «soluciones malas» de Camps para reestructurar la formación tras la marcha de Costa.
Ayer, sus compañeros de formación en Alicante reclamaron «la máxima tranquilidad» y le mostraron su plena confianza y apoyo, mientras que desde Génova el secretario de Comunicación, Esteban González Pons, criticó la redada, a la que definió como una «acción propagandística y desproporcionada» de Interior.
