El Supremo dio ayer un acelerón al esclarecimiento judicial del caso Gürtel. Por un lado, el alto tribunal se declaró incompetente para instruir la causa contra el ex senador Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino, dado que los dos antiguos parlamentarios del PP renunciaron a sus cargos y perdieron así su aforamiento, de modo que ahora las actuaciones viajarán hasta el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), donde se investiga el grueso del entramado.
Además, la instancia dio a conocer el contenido de la sentencia en la que decidió la reapertura del denominado caso de los trajes contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. En tal pronunciamiento no se recogen nuevas evidencias que certifiquen la ilegalidad de las conductas del barón regional, pero sí se aclara que para la comisión del delito cohecho pasivo, del que se le acusa, «basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado».
Además, se recuerda que, hasta el momento, la Justicia valenciana no se ha cuestionado «la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio», cuestión esta que depende sustancialmente de la cuantía de los regales, un asunto que deberá ser ahora aclarado por la instancia levantina.
En suma, el Supremo ordena el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia, José Flors, «para que continúe su tramitación» y recuerda que existe aún posibilidad de que las partes soliciten nuevas diligencias de prueba, tras lo cual debería pronunciarse el magistrado.
Por otro lado, el Supremo confirmó que será un jurado popular el encargado de juzgar a Camps y al resto de imputados en esta pieza del caso Gürtel, cuyo veredicto se emitiría «bien en el seno del propio Tribunal Superior de Valencia, dada la condición de aforados de algunos de los implicados, bien en el ámbito de una Audiencia Provincial en caso de desaparecer tal condición.
Tales consideraciones fueron objeto de análisis tan contrapuestos como es posible. Así, desde el ámbito más próximo al dirigente autonómico, se explicaba que el Supremo reconoce que no ha habido adjudicación irregular en la administración regional y que se obliga al juez a que delimite la proporcionalidad de los supuestos regalos. En consonancia con tal interpretación, el propio Camps se apresuró a salir a la palestra para mostrarse «feliz» porque, aseguró, «esto termina antes de lo que imaginaba». No obstante, pocas horas después, el conservador se mostraba menos plácido y definió como «montaje» y «auténtica mentira» el «lío» que han «montado» los socialistas contra él, un asunto en el que, a su juicio, Rodríguez Zapatero y De la Vega «tienen mucho que ver».
Todavía menos optimistas se mostraron algunos otros responsables del PP más ajenos al líder autonómico consultados, en cuya opinión el auto del Supremo es «preocupante» y abre la puerta a una condena dado que sostiene que no es necesaria la relación entre dádivas y contratos para apreciar cohecho. Además, se recoge que Camps recibió trajes «aparentemente de forma repetida» y «en atención a la función pública desempeñada».
A modo de resumen, dichas fuentes populares señalaban que este fallo «pinta muy mal», porque rebate la tesis que mantuvo en su día la Justicia valenciana acerca de que tenía que haber una relación causal entre los regalos y las concesiones a las empresas de Correa.
En esta tesitura, los conservadores creen que el barón debería marcharse, porque parece que la Justicia «no le va a salvar». Además, razonaban, si le condenan por cohecho impropio, estará políticamente inhabilitado para seguir al frente de la Generalitat, aunque este delito este castigado solo con una multa en el Código Penal.
Tampoco le auguraron un brillante porvenir a Camps los socialistas levantinos, quienes, por boca de su portavoz en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, afirmaron que al popular «solo le queda rezar», porque, a su juicio, la sentencia del Supremo «confirma que está procesado como culpable de un posible delito». «Algo tendrá que decir Rajoy al respecto», sentenció.
Quien no se mostró nada locuaz fue Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto delegado de Francisco Correa en Valencia, que ayer se negó ayer a declarar ante el juez del Tribuna Superior de Madrid Antonio Pedreira, por su implicación en la trama.
