El Vaticano se defendió ayer de las acusaciones de inactividad en el caso del reverendo Lawrence C. Murphy, un sacerdote de la Archidiócesis de Milwaukee que abusó sexualmente de unos 200 menores sordos, y que no fue castigado por la Santa Sede, ya que cuando supo del caso habían pasado 20 años y el religioso estaba muy enfermo.
El portavoz del Papa, padre Federico Lombardi, en unas declaraciones que fueron difundidas a la prensa, recordó el «terrible sufrimiento de las víctimas» y aseguró que Murphy «violó la ley y, lo que es más importante la confianza que sus víctimas habían puesto en él».
Las palabras que Lombardi remitió son las que envió previamente al diario estadounidense The New York Times, que informaba ayer en su página web que las máximas autoridades del Vaticano, incluido el futuro Benedicto XVI, encubrieron al sacerdote estadounidense en un caso de pederastia.
El periódico utiliza unos documentos que proceden de la causa judicial abierta contra el reverendo Lawrence C. Murphy, que trabajó durante más de 20 años, entre 1950 y 1974, en una escuela para niños sordos de Wisconsin.
El diario informa de que el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era prefecto para la Congregación para la doctrina de la Fe, y otros responsables eclesiásticos discutieron sobre la expulsión del cura, pero la prioridad mayor fue proteger a la Iglesia del escándalo. Según Lombardi, «la Congregación para la Doctrina de la Fe no fue informada del asunto hasta aproximadamente 20 años más tarde. A finales de los años 1990, después de que habían pasado más de dos décadas, se le presentó a la Congregación para la Doctrina de la Fe la pregunta de cómo tratar el caso Murphy canónicamente».
El portavoz matiza que «la pregunta que se presentó a la Congregación no tenía relación con procedimiento civil alguno o con demandas contra el Padre Murphy». «En tales casos -añade- el Código de Derecho canónico no prevé penas automáticas, pero recomienda que se haga un juicio considerando la mayor pena eclesiástica que es la expulsión de estado clerical».
Por ello, añade Lombardi, «visto que el Padre Murphy era anciano, su salud era precaria, vivía en aislamiento y no se habían producido nuevas acusaciones en los últimos 20 años, la Congregación para la Doctrina de la Fe tomó en consideración la restricción de su ministerio y pidió que aceptase la responsabilidad de sus graves actos».
En el texto, el portavoz vaticano también aclara que ni el documento de la Santa Sede Crimen Sollicitationis, escrito en 1962, y en el que se daban instrucciones a los obispos sobre cómo hacer frente a las acusaciones de abuso de menores, ni en el Código de Derecho se «prohíbe denunciar los delitos de abusos a menores a las autoridades judiciales».
