Cerca de 300 personas han firmado un documento titulado ‘35 millones de euros’ que exige “una profunda investigación y que la justicia aclare todo lo sucedido” en relación con las cantidades que en concepto de indemnizaciones y jubilaciones han recibido o recibirán antiguos directivos de Caja Segovia.
El documento, encabezado por las firmas de tres promotores: Rafael Calderón Fernández, Jaime Pardina Moreno y Fernando Vázquez Gallardo, concluye que “en los corrillos de ciudadanos se dice que es una vergüenza, que habría que hacer esto o lo otro” pero “estamos en una sociedad donde debe imperar la ley y ésta debe actuar. Sin miramientos, sin tapujos”, añade.
En este sentido, los firmantes consideran que “hay demasiadas cosas oscuras como para conformarnos con un ‘todo parece que era legal, aunque no muy ético’,”, frase que atribuyen al fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva.
El documento comienza con una introducción sobre los “profundos ajustes de la economía nacional que, de una forma u otra y más pronto que tarde, nos están afectando a todos, tanto a nivel colectivo (merma del llamado estado del bienestar) como individual (disminución de salarios, peores condiciones laborales, aumento del paro…), y señala que “en todas partes cuecen habas, pero en nuestra ciudad lo que han cocinado algunos son enormes judiones”.
Explica que desde finales de 2010, cuando se formalizó la fusión de Caja Segovia en el grupo Bankia, los hechos han ido mostrando que la “poderosa e influyente estructura de Caja Segovia se está deshilachando y hasta el emblemático Torreón de Lozoya ha sido hipotecado”.
Así mismo, hace referencia a las informaciones “sobre prejubilaciones millonarias de los que dirigieron la entidad hasta esa fecha”.
El documento recoge que el entonces director general, Manuel Escribano, tenía un sueldo anual de 800.000 euros y “se va a llevar por conceptos varios en torno a 15 millones de euros” y afirma que “en conjunto, entre ocho individuos se van a llevar unos 35 millones de euros ¡de nuestros ahorros!”.
“Como ciudadanos, no podemos permanecer impasibles ante tamaña desvergüenza”, sostienen los promotores del escrito, quienes, a continuación, exponen a la opinión pública consideraciones como que con esos 35 millones de euros se podrían salvar cientos de empleos en el Grupo Dibaq, se podría cubrir el 60 por ciento del presupuesto de la obra que supone el cierre de la circunvalación de la ciudad o se podría pagar a cincuenta investigadores con un sueldo de 2.500 euros mensuales durante 25 años o que equivale al presupuesto de la Obra Social de Caja Segovia de cuatro años.
En otro momento indica que, suponiendo que la mitad de las familias segovianas fueran clientes de Caja Segovia, “cada una habrá contribuido con unos 1.500 euros para atender la jubilación de estos pobres hombres que tenían unos sueldos anuales de cientos de miles de euros”.
Los firmantes piden al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Segovia, que investiga, entre otros delitos una presunta apropiación indebida, a instancias de UPyD, “que se ocupe y preocupe en esclarecer los hechos ocurridos y en depurar todas las responsabilidades”, la de quienes cobraron y siguen cobrando el dinero y las de los que autorizaron el cobro; es decir los miembros del consejo de administración y su presidente entonces Atilano Soto.
“Nadie entendería que no pasasen por el juzgado para explicar qué les movió a tal acto de generosidad”, argumentan.
