El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia dictó ayer un auto judicial por el que suspende, de forma cautelar, la consulta-encuesta sobre el Palacio de Congresos en La Faisanera promovida por el Gobierno municipal socialista y convocada para los días entre el 21 y el 30 de junio.
El auto, que se recibió, vía fax, en la Alcaldía, a las 14,10 horas de ayer, se produce tras la impugnación de la consulta por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano. El juez ha dictado el auto en base al informe aportado por la Delegación del Gobierno y suscrito por la Abogacía del Estado. Este informe, que fue solicitado a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, considera que la iniciativa del alcalde, Pedro Arahuetes, no cumple con los requisitos recogidos en el artículo 71 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece, entre otras condiciones, la necesidad de que la consulta se produzca tras un acuerdo de pleno y contando con la autorización del Gobierno de la Nación.
El alcalde, Pedro Arahuetes, en declaraciones a los periodistas, en la tarde de ayer, aseguró que «acata y respeta» la decisión judicial, aunque no la comparte, por lo que ha dado instrucciones a los técnicos y servicios jurídicos municipales para preparen este mismo fin de semana las correspondientes alegaciones al auto. A su juicio, el juez «no tiene toda la información» y de la que dispone «está sesgada» porque, según recalcó, la «encuesta popular» que plantea el Ayuntamiento «no infringe ningún precepto» y se ajusta al artículo 69 de Ley de Bases de Régimen Local sobre participación ciudadana.
Arahuetes admitió que hay asuntos del proceso que no se pueden paralizar, en referencia al buzoneo de la carta que informa de la celebración de la consulta.
En su defensa, Arahuetes aseguró que el acto, abierto al público, que acogerá el teatro Juan Bravo, y en el que la Diputación explicará su proyecto de Palacio de Congresos en La Faisanera «está en una línea, directamente proporcional, a la idea que yo he planteado de consulta o encuesta». En este sentido, indicó que si el juez suspende de forma definitiva esta «encuesta», término que repetidamente utilizó Arahuetes, «buscaremos otras fórmulas legales para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre este tema».
«Es lamentable que la ciudadanía no pueda expresar su opinión», subrayó Arahuetes, quien recalcó que el alcalde de Segovia «no está haciendo un referéndum, sino una encuesta popular, que puede plantearse de mil formas», como, por ejemplo, según dijo, por teléfono o puerta a puerta. «He optado por esta forma de consulta directa al ciudadano porque considero que es la más adecuada para garantizar su eficacia y seguridad, además de que es la más barata porque su coste es cero», dijo Arahuetes, para insistir en que su propuesta «no infringe ninguna normativa legal porque, reitero, no es un referéndum». El alcalde expresó su confianza en que el juez será «sensible» a una iniciativa «democrática» que «solo persigue que los ciudadanos puedan opinar libremente»; y añadió que el magistrado levantará la suspensión cuando compruebe que se trata de una encuesta.»La encuesta se va a hacer ¿de que forma?. Pues como diga el juez», dijo Arahuetes, quien recalcó que «aquí no se trata de votar, sino de opinar».
Arahuetes lamentó la «cobardía» del PP que ha emprendido acciones legales utilizando instituciones del Estado. En su opinión, el PP teme que los segovianos «acudan a votar masivamente y en contra de ellos». «No he hecho la encuesta pero vivo y hablo con muchas personas y estoy convencido que el 98% está en contra del Palacio de Congresos en La Faisanera». «Se trata de una encuesta, da igual quien la promueva, pero en el PP tienen miedo, están asustados, no creen en la democracia», añadió.
Por otra parte, a media tarde de ayer, el PP emitió un comunicado, donde no se hace ninguna referencia al auto del Juzgado y la impugnación del Gobierno, para reprochar al alcalde que vaya a llevar a cabo una consulta popular «si atenerse a la legalidad vigente», como es, en su opinión, un acuerdo previo por parte del pleno municipal. Afirman además que una consulta de este tipo puede rondar los 50.000 euros, un gasto «innecesario» y que «solo responde a motivaciones personales, egocéntricas y caudillistas» del alcalde que «utilizando una vez más su victimismo, contraviene el ordenamiento jurídico existente».
