La reforma de la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial y su posible descentralización a través de los Consejos de Justicia, tal y como indica el Estatut catalán y que a su vez ha sido arropada por el Gobierno de Zapatero, es un paso atrás en la «independencia y unidad» de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional, aseveró ayer el Partido Popular.
La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que su partido defenderá la unidad del poder judicial, así como la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña.
La dirigente popular se refirió así a la decisión del Gobierno de impulsar cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar cumplimiento a lo previsto en el Estatut tras el dictamen del mencionado órgano de Justicia.
Sáenz indicó que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó el Estatuto en su momento para ganar las elecciones catalanas y ahora está «con todas estas estrategias para intentar no perderlas estrepitosamente».
El viernes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que habían encargado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la modificación de la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, para iniciar su descentralización a través de los Consejos de Justicia.
Sin embargo, la portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja argumentó que la Constitución es una norma de obligado cumplimiento y no «una lista de sugerencias» y que cuando hay una sentencia del TC compete acatarla a todos y «no buscar mecanismos para intentar sortearla».
Sáenz de Santamaría añadió que el dictamen reconoce y reitera que el poder judicial es único y está «alejado y separado del resto de los poderes a los que corresponde controlar». A su entender, «tiene que ser igual para toda España y no puede estar mediatizado, ni condicionado políticamente» y anunció que el PP defenderá la cohesión judicial, «que es la garantía que nosotros consideramos clave para la protección de los derechos de los españoles».
