La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, aplaudió ayer que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incorporara el criterio el grado de dispersión de la población en el reparto del presupuesto para la atención de las víctimas de violencia de género, que este año asciende a los 4.300.000 euros.
En este sentido, y antes de entrar en la reunión de la Mesa Sectorial de Igualdad, Marcos destacó el incremento presupuestario que se ha producido «por primera vez desde 2009» para «atender» la situación de las víctimas de violencia de género así como la igualdad de oportunidades.
De igual modo, valoró que se haya tenido en cuenta «el criterio de dispersión» y la «ruralidad» que pedía la región, ya que al incluirlo en el criterio de reparto entre las comunidades autónomas «la cuantía de Castilla y León se incrementa en casi un 17%» a pesar de que el incremento presupuestario total es «de poco más que 7,5%».
Asimismo hizo hincapié en la importancia de «tener una regulación común» y a nivel estatal en materia de igualdad, y en concreto para la integración de víctimas de género. En este sentido, recordó que Castilla y León ya firmó un convenio con el Ministerio del Interior y en septiembre firmará un protocolo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para que se garantice y se avance en la seguridad, protección y autonomía de las víctimas.
Ayuda integral
Así pues, apostó por un modelo «integral» en el que «no se puede limitar la atención y la ayuda a las víctimas al momento posterior a la denuncia» sino que «hay que ayudar a las victimas desde el minuto 0».
La consejera se mostró también de acuerdo con el nuevo protocolo firmado en este encuentro con el que las mujeres maltratadas de Castilla y León y sus hijos podrán trasladarse a casas de acogida de una comunidad autónoma distinta en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud, o en 24 horas en caso de que sea una situación de máximo riesgo, según se desprende del protocolo firmado ayer entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas.
Este protocolo a nivel nacional contó con el apoyo de todas las regiones y establece unas pautas comunes de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, la recuperación y la confidencialidad de las mujeres víctimas y de sus hijos.
De esta forma, las regiones de origen de la propia víctima, o en su caso, si así lo acuerdan, las de procedencia y de acogida asumirán los costes del desplazamiento. Además, cuando la unidad familiar llegue al nuevo centro, los hijos serán escolarizados de forma inmediata y a la mujer se le aplicarán los recursos y servicios que su situación concreta haga necesarios, al igual que el itinerario profesional de asistencia pertinente.
Intencionados
Si la mujer y los menores tuvieran que regresar a la comunidad de origen, por obligaciones del proceso judicial, o causa justificada, se informará a ésta para que facilite el alojamiento y la protección necesarias. Finalizada su estancia en el centro de la comunidad de recepción podrá decidir si fija allí su residencia, en cuyo caso se le aplicarán los recursos existentes.
Los requisitos para al traslado son que la víctima tenga la resolución judicial (una orden de protección), o un informe del fiscal en el que se diga que hay motivos bastante acreditados de que hay indicios de violencia de género o puede volver a haberla.
Excepcionalmente, bastará con que la comunidad de origen envíe a la de acogida el informe correspondiente.
