Mientras Marruecos y el Frente Polisario se preparaban para iniciar en Nueva York su tercera reunión informal auspiciada por la ONU para reanudar el proceso de negociación sobre la soberanía del Sáhara Occidental, el Ejército de Rabat comenzaba el desmantelamiento por la fuerza del campamento de protesta de El Aaiún, en el que 20.000 saharauis, alojados en 7.000 jaimas, reivindicaban desde hacía casi un mes una mejora de sus condiciones sociales y económicas.
La protesta, una de las mayores desde que España abandonó la colonia en 1975, no había sentado bien a las autoridades del país vecino, que decidieron acabar con ella por la fuerza.
Por el camino han quedado un número indefinido de fallecidos, tanto civiles como uniformados, que, según distintas fuentes podrían ascender hasta a 16, aunque las únicas víctimas mortales confirmadas son tres policías y el residente Babi Mahmud El Guergar, de 26 años, que se encontraba en el campamento en el momento de la intervención armada.
El abogado saharaui Hamdi Sidhamed, del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, comentó que «en la fuerte intervención» ordenada por las autoridades alauitas se han «allanado casas» tras cercar tanto el campamento como el aeropuerto y, en general, la ciudad de El Aaiún.
De momento, debido a la confusión existente y a los problemas de comunicación para contactar con personas que estaban en el denominado Campamento de la Libertad, «no se pueden más detalles», aunque «sí que ha habido una fuerte represión, con quizás muertos y heridos», precisó.
Sidahmed no se mostró sorprendido por los hechos, ya que, a su parecer, «es algo de todos los días», ya que «la represión la tortura y el abuso» de las fuerzas marroquíes son «constantes».
Asimismo, el letrado censuró el comportamiento de Naciones Unidas a la hora de mediar en el conflicto del Sáhara Occidental, dado que, en su opinión, se trata de un organismo «de turistas» que de momento «no han tenido mucho resultado postergando todos los días su misión», en referencia a las conversaciones que se iniciaron ayer en Nueva York entre el Frente Polisario y Marruecos.
Tras conocer los hechos, la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, pidió a la ONU que intervenga en la crisis, mientras se sucedían las llamadas al diálogo.
Ante las informaciones confusas procedentes del Sáhara Occidental, el PSOE y PP optaron por la prudencia en sus primeras declaraciones, realizadas mientras la agencia oficial marroquí MAP anunciaba la muerte de tres agentes de las fuerzas del orden y el Polisario denunciaba el fallecimiento de varios civiles.
Los partidos de la oposición instaron al Gobierno a dar explicaciones e Izquierda Unida se sumó a una concentración ante la Embajada de Marruecos en Madrid para denunciar «la masacre» perpetrada en El Aaiún.
En opinión de la ministra de Exteriores, se trata de un asunto de «trascendencia internacional», que el Ejecutivo no puede abordar de forma bilateral con Rabat, por lo que debería convocarse el Consejo de Seguridad de la ONU.
El PP optó por un llamamiento al diálogo y solicitó al Gobierno que auspicie las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario «para que se pueda mantener la postura de España con relación al Sáhara y la posibilidad de llevar a cabo un referéndum».
Con más contundencia habló el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, quien condenó «sin ningún tipo de paliativo» el desalojo y acusó a Europa de mirar para otro lado.
Sin cobertura informativa.- Las autoridades marroquíes impidieron ayer que una decena de periodistas españoles tomaran un vuelo con destino a El Aaiún para cubrir los acontecimientos que se están produciendo en esta ciudad desde que las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento de protesta.
