El siete de abril se cumplió un año desde que la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, accediera a un cargo en el que sustituía a Pedro Solbes y que, a decir de muchos, era -y es- más una patata caliente que una oportunidad de lucimiento.
Y el tiempo les ha dado la razón, pues no en vano, el fracaso casi cantado del Pacto de Zurbano, que se antojaba la iniciativa estelar de los socialistas contra la crisis, no ha hecho sino emborronar un poco más ese campo de minas en que se han convertido 12 meses caracterizados por la búsqueda de soluciones para combatir la recesión y el continuo aumento del desempleo y del déficit público.
En aquel día de la primavera pasada, Salgado cambió la cartera de Administraciones Públicas por la de Economía, donde sustituyó a un Solbes, harto de las directrices del presidente Zapatero y que ya no solo en privado, sino incluso delante de los micrófonos había reiterado su hastío y su deseo de abandonar el cargo.
Con Solbes, que tuvo un gran protagonismo en la última victoria electoral del PSOE gracias al ya célebre debate con Manuel Pizarro, se marchó su mano derecha, el entonces secretario de Estado de Economía, David Vegara, reemplazado por José Manuel Campa, mientras que Carlos Ocaña siguió al frente de Hacienda.
Así, con un nuevo equipo y la titánica tarea de hacer olvidar al ministro con más prestigio de toda la cantera socialista, Salgado ha visto cómo sus esfuerzos por ofrecer soluciones a los problemas de la maltrecha economía patria se han estrellado todos contra la empecinada realidad de unos datos escalofriantes.
Desde su llegada, el déficit público ha continuado aumentando, la recesión se ha mantenido, siguen los problemas en el sector financiero con el FROB en el dique seco, la cifra de parados ha pasado de los 3,6 millones a bastante más de cuatro y no se han abordado reformas estructurales importantes.
Uno de sus objetivos declarados era impulsar el diálogo social, pero, un año después, sindicatos y patronal todavía siguen con unas negociaciones que han atravesado momentos muy controvertidos.
Sí consiguió, no obstante, cerrar el nuevo sistema de financiación autonómica, eso sí, tras varios desencuentros entre las comunidades y el Ejecutivo y con unos números que a más de uno se le antojan papel mojado ante el descalabro de la recaudación.
Además, bajo su mandato se ha aprobado el Plan de Austeridad para recortar el gasto público, y la Ley de Economía Sostenible, que busca un cambio en el modelo de crecimiento, si bien su texto definitivo posiblemente no reciba el visto bueno del Parlamento hasta entrado el verano.
Una de sus decisiones más polémicas ha sido la subida del IVA, que entrará en vigor en julio y que, según muchos analistas -y el PP– perjudicará el consumo y retrasará la recuperación. Por supuesto, ella considera que este es justo el momento oportuno para llevarla a cabo dado que, además, España tiene uno de los tipos más bajos en el entorno europeo.
Al margen de esa desoladora lista de realidades, cabe destacar su irrupción en el Parlamento, donde ha sostenido debates particularmente intensos con el Partido Popular. La ministra ya fue recibida con hostilidad por el líder de la formación conservadora, Mariano Rajoy, quien aseguró que era «lisa y llanamente, una página en blanco», y que su trayectoria profesional no ayudaba a recuperar la confianza en la economía.
Ese fue solo un aviso de lo que se iba a encontrar en las sesiones de control, durante las que el principal partido de la oposición incluso la ha convertido en el blanco de sus preguntas, ninguneando a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
