Il Cavaliere no protege a chivatos y menos si sus confidencias le afectan directamente a él. Pero eso no le gusta a todo el mundo y, de hecho, algunos políticos y magistrados criticaron ayer la decisión del Ministerio del Interior italiano de no incluir en el programa de protección de testigos al ex mafioso Gaspare Spatuzza, quien acusó durante un proceso al primer ministro, Silvio Berlusconi, de ser el «referente» de la mafia siciliana.
Interior justificó su decisión al afirmar que Spatuzza empezó a realizar declaraciones importantes tras superar el límite de los 180 días que concede la ley para que una persona que expresa su deseo de colaborar con la Justicia comience a testificar.
Los senadores del opositor Partido Demócrata (PD) que forman parte de la comisión parlamentaria antimafia consideraron en una nota «un hecho gravísimo» y «sin fundamento técnico y legislativo» la decisión del Ejecutivo de excluir al criminal arrepentido del programa de protección. «Se trata de un chantaje por las declaraciones realizadas en el proceso contra Del’Utri», según sostuvieron los miembros del PD.
Spatuzza explicó durante el proceso de apelación por el delito de asociación mafiosa contra uno de los principales colaboradores de Berlusconi, Marcello Dell’Utri, que el capo Giuseppe Graviano, durante una reunión, se refirió al primer ministro como el «referente político» de la Cosa Nostra en los años 90.
El mafioso, de 45 años, fue arrestado en 1997 y condenado a cadena perpetua por participar en 40 homicidios, y en 2008 comenzó a colaborar con los magistrados.
El fiscal antimafia de Caltanissetta (Sicilia), Sergio Lari, mostró su sorpresa por la decisión de Interior y expresó su temor ante la posibilidad de que Spatuzza «se eche atrás» y no vuelva a colaborar con la Justicia. Para Lari, las declaraciones del antiguo mafioso «están permitiendo escribir una de las páginas más inquietantes de la historia de Italia y me refiero al atentado de la calle D’Amelio» (en el que murió el juez Paolo Borsellino).
En sus declaraciones, Spatuzza contó cómo robó el coche y preparó el explosivo que sirvió para atentar contra el juez antimafia.
«La falta de protección a Spatuzza es una venganza política», concretó el portavoz en la Cámara de los Diputados del opositor Italia de los Valores (IdV), Massimo Donadi.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, afirmó que en 2009 fueron intervenidos en Italia 119.553 teléfonos, en respuesta a Berlusconi, quien aseguró el martes que 7,5 millones de ciudadanos fueron «espiados».
«En este país no hay una verdadera democracia. Estamos todos espiados», declaró Il Cavaliere, que consideró que «si hay 15 millones de teléfonos móviles en Italia, se puede decir que siete millones y medio están interceptados».
Las palabras del jefe de Gobierno pretendían defender la polémica ley que limita la autorización de las escuchas en las investigaciones y castiga con penas de cárcel y multas a quienes las publiquen o divulguen.
Sobre la norma, actualmente en discusión en las comisiones de la Cámara de los diputados, Palamara reiteró las críticas de los togados a una norma que «pone de rodillas el trabajo de los fiscales, no tiene nada que ver con la tutela de la privacidad, y limita la libertad de prensa y concede una ventaja a la criminalidad».
