Dicen que la crisis económica está provocando una crisis de valores. Uno de ellos es la actividad hacia el otro, como prueba. La actual situación ha elevado el rechazo de la población española hacia los inmigrantes, cuyo número considera «excesivo», y ha acrecentado su demanda de políticas migratorias más restrictivas.
El informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el Observatorio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, refleja en 400 páginas el avance de la menor receptividad ante el foráneo y la consolidación de una imagen negativa que le asocia al deterioro de las condiciones laborales.
Pese a la contención de los flujos migratorios, debido al nuevo escenario laboral y a un mayor control de inmigrantes en situación ilegal, la transigencia con el extranjero se hace depender cada vez más de las necesidades laborales y de su capacidad de integrarse, según las 2.800 respuestas del informe anual de este organismo, que se realiza desde 2005.
El requisito de adaptación se antepone incluso al empleo para permitir el acceso al país y, aunque la población autóctona aprecia la riqueza cultural que trae la inmigración (incluso más que la económica), no ocurre así con la religiosa (la más desaprobada).
Se asienta que los inmigrantes mantengan su cultura y costumbres, pero con la condición de que se avengan a las normas que configuran la vida en sociedad, «que no molesten». No obstante, a la exigencia de que se adapten no sigue pareja la voluntad, por parte de los españoles, de acrecentar actuaciones que contribuyan a su integración.
Respecto a si las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros son laxas o restrictivas, el 42 por ciento opina que son «demasiado tolerantes» -un porcentaje superior a años anteriores-, frente a solo un 5 por ciento que las considera «más bien duras». Además, el 39 por ciento de los voluntarios entiende «muy aceptable» que se expulse del país a los inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito, y un 29 por ciento lo valora muy positivamente. Este último dato supondría un ascenso de 18 puntos respecto a 2005.
A este respecto, 141 asociaciones sociales y de defensa de los inmigrantes presentaron una queja pública al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo contra la última circular policial sobre extranjería, a la que acusan de promover «ilegalmente» detenciones preventivas a inmigrantes.
En este sentido, apuntaron que, según la normativa vigente, únicamente es posible la identificación de ciudadanos no documentados. La denominada por la circular detención preventiva solo cabe en los casos de indicios de la comisión de un delito y fue recientemente criticada por varios sindicatos policiales.
Por otro lado, en la última encuesta del Observatorio baja la opinión favorable a la concesión de la generalidad de derechos sociales sobre los que se pregunta.
Sobre la posibilidad de traer a su familia y de votar en las elecciones municipales, la reprobación asciende siete puntos.
A la pregunta de si hay un grupo de inmigrantes por el que tenga más simpatía, uno de cada tres encuestados declinó responder y uno de cada cuatro respondió «ninguno». A distancia aparece la mención genérica a latinoamericanos. En el lado opuesto, figuran marroquíes y rumanos.
«Soy la única española que trabaja en este negocio. Mis compañeras son todas rumanas. Aceptan unas condiciones que ninguna española estaría dispuesta a consentir, pero yo estoy desesperada», comenta Inés, que trabaja en una sastrería en Sevilla.
Por otro lado, según un estudio del Financial Times, franceses, españoles e italianos son los más opuestos a que la mujer lleve en público el burka mientras que en EEUU son los más tolerantes al respecto. En el caso nacional, el porcentaje es de un 65 por ciento. Sobre los crucifijos en lugares públicos, muy pocos la aprueban.
