El martes, en el Senado, donde varios ministros se sometían a la sesión de control al Gobierno, las miradas se centraban en Alfredo Pérez Rubalcaba, que paseaba por uno de los pasillos mientras hablaba en voz baja con una persona que nadie identificaba.
Se trataba de Dámaso de Larios, recién nombrado director general de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, un diplomático de largo recorrido que acaba de regresar de Venezuela, donde ha sido embajador en los últimos años. El titular del Interior, perfectamente informado desde hace tiempo de la situación de los etarras que fueron enviados a ese país hace una treintena de años, y que conoce de memoria el testimonio de los dos presuntos etarras detenidos días atrás que declararon que habían sido entrenados por un antiguo «colega», Aurelio Cubillas, quería conocer la impresión de quien probablemente es el español que mejor conoce en este momento las interioridades del Ejecutivo venezolano y de qué manera Chávez entiende las relaciones con España.
De Larios no ha tratado personalmente a Cubillas, pero sabe perfectamente quién es; no ocupa un lugar relevante, pero es indudable que cuenta con mucho más poder del que correspondería a un director general del Ministerio de Agricultura, que tiene la responsabilidad de decidir sobre las expropiaciones de tierra. Por ejemplo, cuando entrega a los etarras un documento con su firma, esos terroristas pueden circular a lo largo y ancho del país sin que los controles policiales les corten el paso. Su fuerza: por matrimonio ha logrado la nacionalidad venezolana, que comparte con la española. Una ventaja para evitar la acción de la Interpol, que hace varios meses dictó una orden internacional de busca y captura contra él, puesto que un juez español pretende que sea traído a España. No habrá extradición, Caracas no lo hace con sus ciudadanos.
Ante esa situación Madrid ha actuado siempre con la máxima cautela. La razón no se le escapa a nadie que conozca las relaciones entre los dos países: empresas. ACS, BBVA, Telefónica, Endesa, Sanitas, Santander, Repsol o Dragados, entre otras muchas, explican que Zapatero, Moratinos y Rubalcaba no actúen con más contundencia. El Santander tuvo que vender su filial al Ejecutivo venezolano, la devaluación del bolívar en un 50 por ciento dejó a Telefónica temblando, Chávez se ocupa de lanzar mensajes a Repsol y Endesa cuando se tensa la cuerda con España, y sobrevuelan una serie de contratos con empresas navales para construir buques militares, que supone la tabla de salvación de varios astilleros.
Moratinos realizó un viaje a Venezuela en 2009 acompañado de un grupo de administradores patrios para afianzar su presencia en el país y tratar de arrancar a Caracas la garantía de que los españoles podrían realizar sus inversiones sin temor a expropiaciones o nacionalizaciones. Logró el compromiso, pero Chávez se rige por oportunismos y nada le atrae más que buscar el respaldo popular haciendo alarde de que mete mano a empresarios extranjeros, que presenta como personajes que acuden a Venezuela porque hay mano de obra barata, pero se llevan el dinero que ganan fuera del país. Lo que es falso: la cifra de la inversión española, que llegó a los 150.000 millones de euros, sirve para comprobar que las empresas patrias apuestan por ese país a pesar del riesgo que asumen al invertir en una Venezuela con un dirigente demagogo que justifica cualquier iniciativa con el argumento de que lo exige la «revolución bolivariana». Precisamente ese argumento es lo que ha dado un giro a la situación en los últimos meses, y varias firmas patrias han mostrado más interés por Brasil que por mantenerse en Venezuela. Por tanto, si Venezuela se encontraba con toda la fuerza en su mano para llevar las relaciones con Madrid por donde consideraba conveniente, ahora pende sobre el cuello de Chávez la espada de Damocles de que las empresas españolas comiencen a abandonar poco a poco su país. Por tanto, España estaría en condiciones de plantar cara a Chávez respecto al papel que juega Venezuela con ETA.
Sin embargo Moratinos actuó con mucho tiento ante las informaciones que apuntaban que Cubillas había facilitado entrenamiento a etarras en suelo venezolano. El ministro telefoneó a su colega el canciller Maduro, que le devolvió la llamada cuando el embajador venezolano en Madrid insinuó que la Guardia Civil podría haber torturado a los etarras para que declararan en contra de Cubillas. Moratinos telefoneó también al embajador, que se vio obligado a rectificar. Y no hubo más. Solo contactos informales para tratar de serenar la situación. «Porque con la Venezuela de Chaves -afirman en Exteriores- hay que moverse con otros esquemas. Las protestas oficiales no sirven, hay que limar asperezas de forma sutil».
El dinero, la garantía de las inversiones, marcan el paso.
¿Finalizará la tibieza del chavismo con ETA? Solo Chávez lo sabe.
La banda expulsa a otros tres históricos.- ETA sigue respondiendo a las disidencias internas de sus reclusos con la expulsión del Colectivo de Presos (EPPK). Durante el último verano la banda ha decidido apartar a otros tres históricos etarras que cumplen condena en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca a los que acusa de actuar «fuera de la disciplina» etarra: Aitor Bores, Caride Simón y Koldo Carrasco, informaron fuentes penitenciarias.
Estas mismas fuentes confirmaron que, mientras tanto, en estos dos últimos meses, el Ministerio del Interior ha acercado al menos a otros dos internos a las cárceles vascas de Martutene (Guipúzcoa) y la propia Nanclares. Se trata del dirigente batasuno José Luis Elkoro y Sagrario Yoldi Múgica, condenada por los secuestros de Cosme Delclaux y José María Aldaya.
Así, de los cerca de 25 internos que cumplen condena en la prisión alavesa, solo tres se mantienen todavía en la nómina del Euskal Preso Politikoen Kolektiboak.
