La muerte de Eluana Englaro, de la que el día 9 se cumplió un año, derivó en una exigencia unánime de los políticos de Italia para adoptar una ley sobre el testamento vital con el fin de evitar la repetición de casos dramáticos como éste, pero no se ha aprobado normativa alguna al respecto.
Eluana Englaro, de 38 años, falleció el 9 de febrero de 2009 en una clínica de Udine, localidad situada en el noreste de Italia, después de cuatro días sin recibir alimentación e hidratación, como había autorizado a la familia una sentencia del Tribunal Supremo.
Después de 17 años en coma irreversible tras sufrir un accidente de tráfico, Eluana fue ayudada a morir como su padre había pedido durante una larga batalla judicial. La mujer falleció mientras el jefe del Estado, Giorgio Napolitano, se negaba a firmar una ley que el Gobierno presidido por Silvio Berlusconi había intentado ratificar en pocas horas para prohibir la suspensión de la alimentación e hidratación a cualquier enfermo y evitar así los deseos del padre de Eluana.
Tras su muerte, los representantes de la mayoría conservadora y la oposición se comprometieron a agilizar los trámites para aprobar una ley que regulase el fin de la vida, pero sin llegar a ningún acuerdo.
El 16 de marzo del año pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley sobre el testamento vital que imposibilitaba la suspensión de la alimentación e hidratación a cualquier persona y dejó en no vinculante la expresión de la voluntad de los pacientes sobre las medidas a adoptar en caso de enfermedad extrema. Desde ese día, el proyecto de ley se quedó anclado en la Cámara de los Diputados entre miles de discusiones.
«El Parlamento había organizado una carrera para aprobar una norma que anulase lo que había establecido el Tribunal Supremo (…) Parecía que esa ley era indispensable para los italianos, que era fundamental para la salvaguarda de algunos partidos. Ha pasado un año y la ley no existe. ¿Por qué? ¿En qué punto está?», escribe Beppino Englaro en una carta publicada en el diario La Repubblica.
«Toda aquella fuerza lanzada mientras una mujer moría. ¿Donde ha ido a parar?», se pregunta.
Después de un año de silencio, el Gobierno volvió a hablar ayer de testamento vital y aseguró que la aprobación de la ley llegará «antes del verano».
«La norma sobre el testamento biológico será aprobada antes del verano», aseveró la secretaria de Estado para la Sanidad, Eugenia Roccella, que invitó a los miembros de la comisión de asuntos sociales del Congreso a «intensificar las sesiones de trabajo».
Las previsiones del Ejecutivo parecen difíciles, pues se sigue discutiendo, sin llegar a ninguna solución compartida, sobre el artículo del borrador de la ley relativo al tema de si la alimentación e hidratación asistida puede o no ser considerada soporte vital.
«La mayoría sigue haciendo oídos sordos a las propuestas de la oposición», afirmó la representante en la comisión de asuntos sociales en el Congreso del Partido Demócrata (PD), Livia Turco, quien añadió que «no existen presupuestos para llegar a una posición de consenso». «Mi gran pena es que un año después de la muerte de Eluana aún no tenemos un marco legal sobre el testamento vital que defienda el derecho a la vida, impidiendo que otros seres humanos tengan que soportar la agonía que vivió la chica de Lecco», explicó Dorina Bianchi, representante de los democristianos del UDC, uno de los partidos que más defiende la nutrición e hidratación asistida obligatoria.
Tras cumplirse el primer año de la muerte de Eluana, el ministro de Bienestar Social, Maurizio Sacconi, acudió a Lecco (norte de la Península Itálica) para encontrarse con las monjas que cuidaron de la mujer durante los 17 años que permaneció en coma.
Al igual que entonces, Italia se ha vuelto a dividir en el triste aniversario y, mientras que comunidades católicas organizaron congresos o charlas en «defensa de la vida», diferentes asociaciones promovieron actos para pedir que se defienda «el derecho a morir» con dignidad.
