Como resultaba previsible, el plan de ajuste del gasto público presentado por el Gobierno, que recorta el sueldo de los funcionarios, congela las pensiones y reduce significativamente la inversión en infraestructuras, fue tan bien recibido por los organismos internacionales, ajenos siempre a las inquietudes ciudadanas, como censurado por los colectivos más próximos a los trabajadores. Así, mientras tanto el FMI como la Unión Europea celebraban las medidas, que parecen alejar el fantasma de otra Grecia, los sindicatos pusieron el grito en el cielo y, por fin, parecían despertar de un letargo que les ha tenido desaparecidos desde que comenzó la crisis económica. Sin atreverse todavía a pronunciar las palabras huelga general, las centrales laborales consideraron las medidas anunciadas por el Ejecutivo como «injustas» y de «golpe duro», y avisaron que se movilizarán.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, proclamó que, «con toda probabilidad», se realizarán protestas en las próximas semanas, a lo que el líder de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, añadió que las iniciativas merecen «una contestación masiva en las calles».
A su vez, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Domingo Fernández, anticipó que se analizan acciones legales contra unas medidas «muy graves» que, según explicó, suponen «incumplir» el acuerdo alcanzado sobre la función pública, que ya establece una moderación salarial.
Fernández apostilló que no descarta la convocatoria a una huelga general de trabajadores estatales, aunque sostuvo que hay que pensarlo «con serenidad y con eficacia». «Se trata de sacrificios duros que recaen en los de siempre», resumió.
Las Cámaras, de acuerdo
Tal análisis contrasta vivamente con el realizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que expresó su «apoyo» al «decidido y drástico» ajuste anunciado por el Gobierno, al considerar que es «clave» para superar la «difícil situación» que se atraviesa y para «relanzar la economía». El organismo que preside Javier Gómez Navarro estimó que las medidas están «bien orientadas hacia la reducción efectiva del déficit público».
Similares fueron las apreciaciones del comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, quien, tras recordar que ha insistido en la necesidad de reformas estructurales, consideró que las iniciativas anunciadas son «un paso lógico ante la «presión de los mercados». No obstante, dijo reservarse su análisis final para el momento en que se conozcan en detalle y anunció que Bruselas emitirá su juicio el 18 de mayo. Algo más prudentes fueron los comentarios del director del departamento europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Marek Belka, quien celebró la «inmediata reacción» de España, pero añadió que todavía es «demasiado pronto» para evaluar si el nuevo plan será suficiente.
