El Gobierno socialista trató ayer nuevamente de impresionar a la opinión pública con grandilocuentes declaraciones y, a falta de hechos, encargó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y a su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que elevaran el tono de las bravatas dialécticas a Caracas a cuenta de la evidente cobertura que el Gobierno de Hugo Chávez presta a ETA y las FARC.
Así, el máximo representante del Ministerio Público advirtió a las autoridades del país sudamericano de que España «no está dispuesta a tolerar que el terrorismo tenga ningún tipo de soporte internacional» y, sin respaldar sus bravuconadas con el anuncio de sanciones u otras medidas, destacó que «el principio básico» que impera en casos como el de Arturo Cubillas es que, «o se entrega o se juzga».
Tras asistir a una conferencia del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, Conde Pumpido insistió en que la Fiscalía «ha dicho reiteradamente que va a llegar hasta el fondo en este asunto». «Si existen indicios racionales de que alguien en Venezuela ha apoyado al terrorismo, esa persona tiene, o bien que ser entregada a España para ser juzgada o bien ser investigada y enjuiciada en Venezuela», explicó en referencia a Cubillas.
En tal sentido, el fiscal manifestó su esperanza de que Venezuela se avenga finalmente a colaborar, algo que puso en duda de inmediato el citado Juanes, quien señaló que la relación con las autoridades judiciales del régimen bolivariano «es totalmente mejorable».
No obstante, el presidente de la Audiencia dejó claro que el principal frente en la guerra contra la banda no está al otro lado del Atlántico y, con tal premisa, proclamó que para el tribunal que dirige «el concepto de tregua no existe», de modo que la actividad de enjuiciar a los asesinos y a sus colaboradores «no se ha detenido en ningún momento», algo que ha posibilitado que la banda esté en la «situación en que hoy en día se halla». Según detalló el togado, durante la anterior tregua en 2006, la Audiencia «batió el récord» al juzgar a 200 imputados en 89 vistas, frente a las 68 de 2007, las 43 de 2008 y las 55 del año pasado.
El juez añadió que su intención es que ahora suceda algo similar, de modo que se reactiven todos los procesos que la banda tiene vivos. Así, mencionó el juicio contra Udalbiltza, en el que están acusados 20 miembros de la Asamblea electa de Batasuna, o el de las herriko-tabernas y los casos de ANV y PCTV, todavía pendientes de juicio.
Además, al margen de las condenas, Juanes quiso dejar claro que fue la instancia que él preside la que, junto con la Fiscalía, estableció en su día que la organización asesina «era algo más que sus comandos armados, estando integrada también por los frentes político, carcelario y, sobre todo, económico».
También quiso hacer gala de rotundidad verbal Moratinos, que se olvidó por un día de su condescendencia con Chávez y exigió una «respuesta definitiva» a Venezuela sobre la relación de ETA con las FARC. Asimismo, en respuesta a una pregunta del PP en el Congreso, el socialista sostuvo que el Gobierno utilizará «todos los mecanismos diplomáticos, judiciales y policiales para derrotar a los terroristas y hacerles volver» del país sudamericano.
«No es plegándose ante las provocaciones de regímenes en deriva totalitaria que se defienden los derechos de España», recalcó en la Cámara Baja el portavoz de Exteriores del principal partido de la oposición, Gustavo de Arístegui, tras reclamar que se convoque al embajador de Caracas en Madrid para exigirle explicaciones sobre la «connivencia» de ETA, las FARC y el Ejecutivo de Venezuela.
Enfrente, en el bando chavista, se situó el líder de IU, Cayo Lara, quien criticó que el Gobierno dé «más credibilidad» al testimonio de los dos etarras, que revelaron haber sido instruidos por Cubillas, que a las negativas de Caracas. Como remate, Lara denunció «un paralelismo» con el intento de vincular a la banda vasca con la masacre del 11-M en Madrid.
