Los partidos saben bien que la alarma social generada por la pequeña delincuencia, ésa que no se nutre de comisiones ni adjudicaciones en la Administración, es uno de los polvorines más inestables de la España actual, harta de contemplar cómo los rateros entran y salen por la misma puerta del Juzgado con pocas horas de intervalo. Para poner coto a dicha sensación de impunidad y, de paso, acallar en alguna medida el no menos generalizado clamor en contra de la corrupción, los socialistas recurrieron ayer una vez más a CiU para certificar un gesto electoralista que tapone la sangría de votos provocada por la crisis económica. Así, el PSOE y los nacionalistas catalanes, siempre prestos a realizar favores que podrán cobrarse más adelante, acordaron la introducción de medidas contra la reincidencia en el proyecto de Código Penal que hoy mismo empieza a debatirse en la Comisión de Justicia del Congreso.
Entre las novedades más destacadas figura la creación de un registro estatal de faltas, la posibilidad de imponer penas de prisión de fin de semana y la institución de una circunstancia agravante que acarreará penas de cárcel para quienes creen una red organizada para cometer hurtos, aunque la cuantía de cada sustracción sea inferior a 400 euros.
El pacto fue pormenorizado por el portavoz convergente en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, quien recordó que entre los ciudadanos y entre los responsables municipales de algunas ciudades se venían reclamando medidas contra este tipo delincuencia por existir la sensación de que los robos por menos de la citada cantidad -tipificados como faltas- quedan impunes.
En detalle, el catalán explicó que en un año se pondrá en marcha un registro en el que consten los condenados por falta, que será accesible electrónicamente para los jueces y fiscales, que así podrán castigar los hurtos reiterados.
A partir de ahí, se ha previsto la posibilidad de imponer penas de prisión para estos delincuentes reincidentes en función del número de infracciones y de si los hurtos han sido ya enjuiciados o no.
A continuación, el dirigente de CiU se hizo eco de los temores del Gobierno, que hasta ahora se oponía reiteradamente a tales cambios porque, en su opinión, castigar tales conductas colapsará hasta hacer inabitables las prisiones. Por ello, según razonó el catalán, el acuerdo adoptado establece que la ejecución de las penas de prisión se limitaría a los fines de semana y festivos, que es cuando otros reclusos tienen permiso para abandonar las cárcel y dejan sus celdas libres.
El tercer pilar de la reforma contempla el establecimiento del agravante de la delincuencia organizada, con penas de tres meses a tres años de prisión para las bandas de carteristas.
Las referidas modificaciones del Código Penal, que no abordan el endurecimiento de penas para los menores que cometan delitos de especial gravedad, ni mucho menos contemplan la epidemia de corrupción política que asuela el país, bien podría interpretarse como una victoria de CiU, puesto que los cambios han sido promovidos por los convergentes, que, eso sí, se hicieron eco de un deseo reiteradamente expresado por el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de los socialistas. Hace ya varios meses, el alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu, transmitió, entonces sin demasiado éxito, al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la necesidad de combatir con un endurecimiento de la ley el carterismo, que se ha convertido uno de los problemas endémicos de las calles de Barcelona, especialmente por su capacidad para ahuyentar al turismo.
La petición, desoída en un primer momento por el Gobierno central, fue adoptada sin rubor por CiU, quien, a través de su líder en Barcelona, Xavier Trias, la convirtió en su caballo de batalla.
Tal fue la insistencia que, gracias también al apoyo decidido del propio Duran i Lleida, la coalición nacionalista consiguió llevarla hasta el Congreso, tal como anunció el pasado nueve de abril al anunciar la proposición no de Ley que ahora ha fructificado en un acuerdo con el PSOE y, por consiguiente, en su segura aprobación.
La severidad en la persecución a los rateros contrasta vivamente con la alianza de los socialistas con el PP, la propia CiU y el PNV para desdecirse de su compromiso para reformar la Ley de Financiación de Partidos de 2007, una modificación que la Cámara baja apoyó por unanimidad hace solo seis meses, en octubre de 2009. La propuesta, presentada por Esquerra, pretende impedir que ni los partidos ni sus fundaciones puedan recibir donaciones de otras empresas o instituciones que reciben a su vez subvenciones públicas y así evitar casos tan clamorosos como el del Palau de la Música, que abasteció durante años con fondos millonarios a la coalición catalana.
