El Parlament de Cataluña dio ayer luz verde a la Ley de Salud Pública, que fija por primera vez las prestaciones en esta materia que los ciudadanos tienen derecho a percibir, como ayuda para dejar de fumar y planes de ejercicio físico, además de prohibir las promociones del alcohol en bares y discotecas.
La nueva norma, aprobada por unanimidad de todos los grupos en el pleno tras su tramitación en comisión, ordenará las actuaciones destinadas a la protección sanitaria de la población mediante la creación de la Agencia de la Salud Pública de Cataluña, de la que la Generalitat tendrá un 55 por ciento y los municipios el 45 por ciento restante.
La normativa, pionera en España, prima las actuaciones destinadas a la prevención y la promoción de la salud al considerar que ésta es la mejor vía para garantizar, a la larga, una reducción del gasto asistencial.
Entre las 29 prestaciones que recoge el texto destacan algunas como la ayuda para dejar de fumar y el fomento del ejercicio físico y de una alimentación saludable, claves para prevenir muchas de las enfermedades con mayor mortalidad en la actualidad, como son las dolencias cardiovasculares y el cáncer.
Las carteras específicas de servicios que se aprobarán en el plazo de unos seis meses concretarán qué tipos de ayudas para dejar de fumar se incluyen como prestaciones públicas, aunque el sistema sanitario ya facilita en estos momentos apoyo farmacológico y acompañamiento a personas que quieren abandonar el tabaco.
Con el mismo objetivo de proteger la salud de las personas, la ley prohíbe explícitamente las promociones en bares, restaurantes y discotecas que buscan un consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, con multas de más de 6.000 euros, según explicó el director general de Salud Pública, Antoni Plasència.
En lo que a prestaciones se refiere, se incluye también la promoción de entornos saludables, la orientación y planificación familiar -por ejemplo, para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual-, la promoción de la salud bucodental, la prevención del cáncer y la protección de la salud de la población ante riesgos como la contaminación química, biológica y radiológica.
La ley prevé multas coercitivas que no pueden exceder de 6.000 euros, así como infracciones calificadas como leves (hasta 3.000 euros de multa), graves (hasta 60.000 euros) y muy graves (hasta 600.000 euros).
Entre los castigos más severos se podría desprender también el cierre temporal de una instalación, establecimiento o servicio.
