El Partido Popular está decidido a cumplir su amenaza de llevar ante la Justicia el acoso al que dice estar siendo sometido por parte de los engranajes de la Administración. El encargado de dar el primer paso en esa dirección fue el secretario regional del PP y portavoz en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, quien informó ayer de que ha denunciado ante los tribunales la «persecución política» de la que se ha sentido víctima «desde las más altas instancias del Estado».
Costa reveló también que su grupo va a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la Comisión de Coordinación de la Cámara autonómica.
El dirigente popular, quien fue imputado junto con el president de la Generalitat, Francisco Camps, y otros ex altos cargos del Gobierno valenciano por su relación con alguna de las empresas del caso Gürtel, manifestó respaldar todas las declaraciones realizadas por la dirección nacional de su partido sobre la existencia de escuchas ilegales a miembros del PP.
Costa, quien informó de que la denuncia se presentó ante el Juzgado Decano de Madrid a finales del pasado julio y aún no ha sido admitida a trámite, sostuvo haberse sentido víctima de una «persecución silenciosa y propagandística, en donde se instrumentalizan los mecanismos del Estado y los medios».
En este sentido, recordó que se han hecho públicas partes del sumario que le afectaban a él, «con premeditación, alevosía, marcando los tiempos y a un determinado grupo de comunicación» con el objetivo de perjudicar su imagen y la del grupo al que representa.
Estas filtraciones, aclaró, solo las ha podido hacer un «funcionario» que tiene que «custodiar» información que está «bajo secreto de sumario» y que ha sido «utilizado» para que se filtraran a la prensa algo que el PP no va a «cejar en denunciar» porque no son «vasallos ni sumisos».
las pruebas del delito. Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que su partido ya ha «aportado las pruebas» que demuestran que ha sido víctima de escuchas, y que ahora corresponde a la Policía y la Fiscalía «buscar los indicios» que demuestren quien lo ha hecho. Sin embargo, el dirigente se preguntó si el Ministerio Público y las Fuerzas de Seguridad han recibido orden de no investigar el caso.
González Pons manifestó que la prueba de que han habido escuchas son los medios de comunicación «trufados de conversaciones telefónicas extrasumariales, o de un sumario pero descartadas por el juez, o completamente irrelevantes».
Así, aseguró que, como parte de su denuncia por «interceptación del secreto de las comunicaciones» llevada ante los tribunales -la que presentó el responsable de Justicia, Federico Trillo, en julio-, se han incluido dos conversaciones del president valenciano Francisco Camps, porque «una de ellas forma parte de un sumario y la otra no».
Sobre este espinoso asunto también se pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien quiso frenar el revuelo causado por sus acusaciones directas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre las escuchas ilegales a los populares, rectificándolas y asegurando que nunca quiso decir que «las escuchas fueran ordenadas por el ministro» sino que siempre «han ido dirigidas al PP» y desde el mismo medio de comunicación. Tras sus palabras, el aludido agradeció la rectificación y reiteró que «en España solo se escucha para investigar a delincuentes».
