Las películas malas suelen comenzar con escenas prometedoras, y acaban aburriendo, aunque tengan alguna secuencia de “acción” para recordar. El pleno de ayer fue una película para olvidar, salvo por la novedad que despertó, al principio de la sesión, la toma de posesión de dos concejales del PP —Pablo Pérez Coronado y Javier Encinas— y el debate suscitado por una moción del PP, la referida a las tasas de 2004 anuladas por el Supremo —la escena de acción de la película—, que motivó por parte de los populares una petición para relevar de sus funciones al concejal de Hacienda, Juan Cruz Aragoneses; quien, a su vez, no dudó en reprochar a los populares el uso de la “mentira como arma política”. Por momentos sobrevoló la idea de fragmentación del nuevo clima de cordialidad entre Gobierno y oposición. Fue tan solo un amago en uno de los plenos más tediosos de la legislatura.
Y es que los dos asuntos de mayor calado, referidos a sendos acuerdos para impulsar la vivienda protegida, no suscitaron debate alguno. PSOE y PP sumaron sus votos para aprobar el protocolo que el Ayuntamiento firmará con el Adif y la Junta para impulsar la construcción de al menos 576 viviendas protegidas en la zona de Las Lastras y la vieja estación, a través de un Proyecto Regional liderado por la Consejería de Fomento. En este punto solo intervino el portavoz socialista para hablar de las bondades de un acuerdo que, aunque no se materializará hasta, al menos, seis u ocho años, “contribuirá a mejorar la oferta de vivienda protegida” y “a la construcción de la ciudad de acuerdo con el modelo del Plan Estratégico y el PGOU”.
Sin intervenciones ni debate se aprobó la moción conjunta de PSOE y PP para ratificar el primer pacto fruto de la Mesa del Acuerdo por Segovia, constituida a primeros de marzo. Los grupos, según el texto de la moción, acordaron poner a disposición de las distintas Administraciones Públicas la parcela de titularidad municipal RM1 del sector Plaza de Toros-Depósitos del Agua para conseguir que se construyan al menos 132 viviendas de protección pública.
Y de vivienda protegida también versaba una moción del PP, en este caso sobre la promoción proyectada en una parcela junto a Baterías, que fue aprobada por unanimidad tras modificar su redacción. Después de que el Ministerio de Defensa haya desautorizado la construcción de viviendas en la parte de la finca más próxima al cuartel de Baterías, los grupos acordaron pedir un informe a los técnicos municipales para ver si es viable aumentar la edificabilidad en la única parcela edificable y conseguir que puedan levantarse las 95 viviendas proyectadas.
La crispación se asomó en el debate de la moción del PP en la que los populares pedían al Gobierno municipal que estudiase una fórmula para resarcir a los segovianos “por el cobro indebido”, según reiteró ayer la portavoz, Beatriz Escudero, de alrededor de 835.000 euros, de acuerdo con las estimaciones de los populares, por varias tasas de 2004 que el Tribunal Supremo consideró ilegales, al no cumplir con el procedimiento adecuado. “Asuman su responsabilidad política ante los contribuyentes y tomen la decisión de estudiar cómo devolver ese dinero”, espetó la jefa de la oposición
Aragoneses subrayó que era “falso” que la sentencia anulara algún tributo municipal y tildó, igualmente como “mentirosa” la afirmación de que haya habido un cobro indebido o de más. “La sentencia se ejecutó en sus términos y ahora no existen consecuencias económicas derivadas de la misma”, dijo Aragoneses.
“Han cobrado ilegalmente a los segovianos y no se lo van a devolver”, replicó la líder municipal del PP, quien indicó que Aragoneses, como concejal de Hacienda, había cometido un “error de bulto”. “Dimita por dignidad política o que el alcalde le releve de sus funciones”, pidió Escudero. Aragoneses habló entonces que el PP solo pretendía “confundir a la población” e insistió en que los populares “falseaban la realidad. “No se puede utilizar la mentira como arma política”. dijo.
El alcalde, Pedro Arahuetes, tomó entonces la palabra para aclarar que el Tribunal Supremo “dice que faltaba una memoria, que jamás en este Ayuntamiento se había realizado (…) se hizo el mismo procedimiento administrativo que realizaba el PP cuando gobernaba este Ayuntamiento, la única diferencia es que ahora lo ha recurrido la Cámara de Comercio”. Y añadió: “Lo que los técnicos dicen informe técnico, si hubiéramos cambiado su denominación y lo llamamos memoria, alomejor no hubiera habido recurso ni sentencia”.
