El Gobierno español obtuvo ayer una importante victoria legal en la batalla por la propiedad del tesoro valorado en 500 millones de dólares que la empresa estadounidense Odyssey rescató del fondo del Atlántico procedente del naufragio de un buque nacional.
La firma cazatesoros bautizó el caso como el Cisne negro y desde la primavera de 2007 ha defendido que Madrid no podía demostrar que el botín encontrado corresponde a la fragata de la Armada Nuestra Señora de las Mercedes.
El juez Mark Pizzo de Tampa (Florida) dictaminó que no tiene jurisdicción sobre el caso y que el tesoro debe ser devuelto a territorio nacional. En su informe, el magistrado aceptó los argumentos del Ejecutivo de Zapatero y señaló que lo hallado tiene que retornar a España porque el naufragio corresponde al citado buque, por lo que la carga está sometida a la inmunidad soberana.
La pelea judicial no termina aquí, ya que inmediatamente Odyssey anunció que apelará la decisión de Pizzo, que ha sorprendido a la empresa de Tampa.
«Vamos a recurrir la recomendación del magistrado», afirmó la vicepresidenta de la compañía cazatesoros, Melinda MacConnel. «Este es un caso donde hay claramente muchos asuntos relevantes que han sido disputados, como si La Mercedes estaba o no en una misión comercial y si la propiedad de las piezas recuperadas pertenecen o no a España». «Supongo que los demandantes que reclaman sus derechos de propiedad por el hecho de que eran de sus ancestros se unirán a nuestro recurso», agregó McConnel.
El director general de la firma, Greg Stemn, manifestó, por su parte, su sorpresa por el dictamen del juez y señaló que han cumplido escrupulosamente con la ley.
Odyseey presentó en 2007 el caso ante un tribunal de Tampa y argumentó que le pertenecían el medio millón de monedas de oro y plata que se habían encontrado en el fondo del Atlántico de lo que España considera era el hundimiento de Nuestra Señora de las Mercedes.
El Gobierno español aportó las pruebas jurídicas en las que fundamenta la protección de la fragata de guerra de la Armada española y rechazó las demandas de Odyssey, por lo que reclamó la devolución de todos los objetos tomados del yacimiento.
Los documentos históricos presentados indican que La Mercedes se hundió en combate contra la flota inglesa el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del sur de Portugal, por lo que defendió que son patrimonio histórico, además de ser la tumba de más de 250 marinos y ciudadanos nacionales que murieron cuando el buque naufragó.
El Ejecutivo criticó también que Odyssey llevó a cabo en secreto la tarea de excavación marina después de haber recibido instrucciones específicas de que estaba prohibida.
Ayer, tras conocer la decisión de la Justicia norteamericana, la titular de Cultura, Ángeles González Sinde, mostró su alegría ante una decisión que marca «un precedente muy importante de cara a todos los descubrimientos submarinos de futuro». Desde el PP, el portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso, José María Lasalle, también manifestó su satisfacción por la sentencia y subrayó que su partido ha apoyado al Gobierno «en todo momento».
