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Patxi López, el nuevo lehendakari, aprovechó ayer su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press para demostrarle a toda España que ya ha tomado las riendas del Gobierno vasco y que, pese a la inercia de más de dos décadas de régimen nacionalista, es posible cambiar el rumbo de la región norteña.
Al margen de poner freno a la inmersión lingüística y de corregir la deriva proetarra que hacía de la televisión pública de la comunidad un verdadero altavoz de los secuaces de ETA, el socialista, que accedió al poder gracias al PP, está decidido a emplear todas las herramientas que le brinda el Estado de Derecho para liquidar a los terroristas.
Pero no solo a quienes aprietan el gatillo, de los que, a partir de ahora, también se encargará la Ertzaintza, sino de igual modo a sus excrecencias políticas, empezando por Iniciativa Internacionalista, la formación del dramaturgo Alfonso Sastre, cuyas últimas declaraciones han puesto inequívocamente de manifiesto que no es sino otro lacayo de la cúpula asesina.
Por más que el Constitucional considerara que el grupo abertzale es lo suficientemente demócrata como para concurrir a los comicios europeos, López insistió ayer en que «ahora hay hechos y datos que certifican que Iniciativa es una mera cobertura de la ilegalizada Batasuna», por lo que se debe proceder contra ella.
A juicio del socialista, «las herramientas -la Ley de Partidos- ya existen y solo hay que saber usarlas». Eso sí, para no desairar en exceso a la Justicia, el jefe del Ejecutivo de Vitoria argumentó que cuando el Constitucional emitió su veredicto «parece que los datos no eran suficientes», aunque, a posteriori, «ha quedado demostrado que hay hechos que certifican que son una tapadera de otra formación ya ilegalizada».
En todo caso, López proclamó que «el mundo que apoya a ETA solo tiene dos posibilidades: decirle a la banda que desaparezca o romper amarras sin más».
Tales opciones se reducen a una sola en el caso de los pistoleros: «desaparecer», sin que sea posible retomar con ellos ningún tipo de diálogo o negociación, ni ahora ni en el futuro.
Tal preámbulo le sirvió para recordar que en los próximos presupuestos regionales ya no habrá dinero público para los familiares de los presos, un recorte que consideró «de justicia» hacia las víctimas.
En cuanto a las acusaciones vertidas la víspera por Íñigo Urkullu en referencia a la supuesta falta de consenso a la hora de convocar la manifestación del pasado sábado en Bilbao en repulsa por el asesinato del policía Eduardo Puelles, el lehendakari declaró que tal insinuación «no es cierta», puesto que, dijo, «se habló con todos los partidos democráticos, y todos estuvieron de acuerdo y no expusieron ningún criterio en contra».
Ya fuera de la esfera terrorista, el nuevo inquilino de Ajuria Enea desveló que, bajo las alfombras del Ejecutivo regional, el PNV dejó un «déficit no previsto de más de 1.000 millones de euros» que obligará al nuevo Ejecutivo a reordenar las Cuentas públicas para buscar «recursos extras».
