Los mecanismos del Estado contra el crimen continúan enfrascados en una guerra fratricida, en vez de intentar reparar una descoordinación manifiesta en la lucha contra el terrorismo. La próxima batalla se producirá en los tribunales, ya que los sindicatos policiales presentarán conjuntamente una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, porque consideran que, con sus palabras del jueves, en las que acusó al cuerpo de no colaborar con el Ministerio Público en los procesos de impugnación de las candidaturas de la izquierda abertzale, «ha imputado a 61.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía un comportamiento delictivo».
Por su parte, el Gobierno alabó la labor de los uniformados y consideró la polémica con la Fiscalía, al igual que la definió Conde Pumpido, como «un malentendido en un problema procedimental».
Aunque finalmente el propio fiscal general y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Javier Velázquez, señalaron que «el problema» surgido «no se volvería a repetir», los sindicatos anunciaron que emprenderán acciones legales. Los representantes de los agentes consideran que estas acusaciones son especialmente graves al tratar sobre «una materia sensible» como es la lucha antiterrorista y en la que los profesionales han demostrado «solvencia, seriedad, constancia y sacrificio», por lo que piden que responda de sus palabras en sede judicial.
Del mismo modo, SUP, CEP, UFP y SPP, reiteraron su llamamiento al Ministerio del Interior para que se pronuncien sobre las «descalificaciones» vertidas por Conde Pumpido. Los sindicatos extendieron su exigencia a la Junta de Gobierno de la Policía. De todos ellos, aseguraron: «Su silencio les convierte en cómplices. Si miran hacia otro lado darán cobertura a un ataque injusto e irresponsable. Cada día que pase y no se pronuncien les hará pasar a la historia de nuestro cuerpo como la cúpula que permitió, sin oponer la más mínima resistencia, el insulto y el intento de descrédito de todo nuestro colectivo».
Precisamente, el Ejecutivo se refirió a este tema. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó para trasladar la «plena y total confianza» del Gabinete al trabajo que realiza el Cuerpo Nacional de Policía, así como el resto de las fuerzas de seguridad del Estado. De la Vega se deshizo en elogios hacia la institución, de la que dijo que trabaja «con eficacia, esfuerzo y abnegación», por lo que el Gobierno le está «muy agradecido».
Además, se refirió en concreto al caso de Conde Pumpido, al apuntar que gran parte de las investigaciones realizadas sobre el entorno político de la organización terrorista vasca han sido llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía.
Del mismo modo, la vicepresidenta De la vega destacó que el problema no era de fondo y que tampoco ha afectado a la investigación de las listas electorales vinculadas con ETA para las elecciones europeas.
La guerra entre Policía y Fiscalía volverá a la primera línea política el próximo jueves cuando Conde Pumpido comparezca ante la Comisión de Justicia del Senado para para dar cuenta de la política criminal que impulsa y, en particular, la antiterrorista.
En dicha intervención, que se celebra a petición del Grupo Popular, el letrado deberá explicar también los nombramientos efectuados en la carrera fiscal desde su acceso a dicho cargo. La comparecencia se producirá una semana después de que denunciara en público que se tiene que apoyar únicamente en la Guardia Civil en la lucha antiterrorista.
La casa de los líos
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el balance de los primeros días del nuevo Gabinete es «la multiplicación de los líos», pues se ha transformado en «un antídoto contra la esperanza y la ilusión» a pesar de ser lo que «necesitan los españoles» en plena crisis.
Un ejemplo, para el gallego, de la «falta de orden y dirección» que además existe en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, tanto en los anteriores como en el recientemente remodelado, son las palabras de Cándido Conde Pumpido, «un asunto de enorme gravedad» que requiere una respuesta del jefe del Ejecutivo.
En la clausura de las jornadas parlamentarias que los populares celebraron el jueves y ayer en Sevilla, el líder del PP anunció que preguntará a Zapatero en el Congreso de los Diputados «si es verdad» que la Policía no colabora con la Fiscalía ni con el Supremo en la impugnación de las listas de la izquierda abertzale. No obstante, matizó, la respuesta, sea cual sea, no cambiará su percepción por una cuestión que «no es normal».
Rajoy, con todo, se centró en criticar la estructura del nuevo Gobierno. Se preguntó quién se va responsabilizar de la reforma de la financiación autonómica, aunque aclaró que «todo apunta» a que será la vicepresidenta económica, Elena Salgado. También dudó del papel que desempeñará Manuel Chaves.
En definitiva, han sido unos cambios más propios de un «circo», ya que, tras oficializarse el Ejecutivo, algunos ministros «se van de vacaciones» y luego se reúnen, de forma que una entrevista entre dos titulares del Gobierno se ha erigido «en noticia».
