El levantamiento el martes del secreto sobre otra porción del sumario del caso Gürtel carga un poco más de razones a Mariano Rajoy, que hace pocas semanas lamentaba que la trama de tráfico de influencias coloca al PP en una situación «diabólica», puesto que le obliga a defenderse como si fuera culpable de unas acusaciones tras las que no hay condenas y, en muchos casos, ni siquiera procesamientos. No obstante, el líder de la oposición también es consciente de la alarma social que provoca la revelación de los tejemanejes de Francisco Correa, que entregó regalos a decenas de cargos populares a cambio de un presunto trato de favor en las contrataciones y adjudicaciones de obras públicas.
De ahí que, atrapado entre esos dos fuegos, con las manos atadas por la falta de condenas, pero sometido a una cada vez más fuerte presión de los medios -e incluso de cierto sector de la propia formación conservadora-, Rajoy trató ayer de calmar algo las aguas y, pese a que en ningún momento puso en duda la actuación de sus dirigentes, ni en Valencia, ni en ninguna otra región, sí prometió que el principal partido de la oposición exigirá responsabilidades a todos los que «hayan hecho cosas que no se deben hacer».
Una vez que «ha quedado acreditado» que no se está «ante una trama de financiación irregular» de Génova, sino ante «una trama de corrupción para aprovecharse del PP y para utilizarlo en su contra», el gallego reiteró que su partido «ni mira para otro lado, ni va a hacerlo nunca».
Tras recordar que la formación conservadora es depositaria de la confianza de más de 10 millones de personas, que serán muchas más en futuro, sostuvo que «la inmensa mayoría de los dirigentes políticos, de los cargos públicos y electos del PP son gente honrada, que cumple su trabajo, a veces con errores, pero, desde luego, fijándose fundamentalmente en la defensa del interés general y en aquello que importa al conjunto de los ciudadanos».
Después de que su jefe dejara bien claro que el PP no trata de escurrir el bulto en el caso Gürtel, la número dos del partido, María Dolores Cospedal, se encargó de puntualizar que, pese a lo llamativo de las revelaciones conocidas el martes, no existen «nuevas imputaciones que afecten a militantes», lo que acarrea la imposibilidad de medidas disciplinarias adicionales hasta que no haya decisiones de la Justicia.
En una breve nota, la manchega explicó que «las cuentas de esta formación política han sido fiscalizadas puntualmente por el Tribunal de Cuentas, y nada hay en lo que conocemos del sumario que contradiga el resultado impecable de dicha fiscalización».
Al hilo, la secretaria general recordó que todos aquellos implicados en la trama «están suspendidos de militancia o renunciaron a sus cargos de responsabilidad en un ejercicio de lealtad hacia el partido y para poder ejercer mejor su derecho de defensa».
En el texto, los populares exigen también que se dé a conocer la totalidad del sumario, porque, durante el último año, el presunto secreto «ha sido vulnerado sistemáticamente con filtraciones selectivas y parciales que han generado una grave situación de indefensión».
Además, el principal partido de la oposición denuncia que es «víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y de la Fiscalía General», ante lo que confía en «la independencia judicial y su capacidad para hacer Justicia por encima de los juicios paralelos».
En cuanto a los lujosos regalos, Cospedal explicó que, «con independencia que sean punibles o no penalmente», la dirección nacional considera que ese comportamiento «no es oportuno ni nada ejemplarizante».
Por último, la mano derecha de Rajoy salió al paso de las afirmaciones del que fuera secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, sobre una supuesta financiación irregular en aquella región, para indicar que «esa persona hace más de diez años que no tiene ningún cargo en el PP».
De modo similar, en cuanto a la situación en Valencia, Cospedal replicó que «hasta el momento no hay ninguna imputación allí».
