Al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le están venciendo estas últimas semanas todas las letras pendientes. Aparentemente privado de la buena estrella que le había acompañado durante muchos años, en los que apenas abandonó las portadas, ahora el magistrado se ve acosado por sus propios colegas en lo que parece la materialización de una venganza largamente añorada.
La enorme facilidad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 para hacerse enemigos, especialmente entre sus colegas más conservadores, podría costarle muy caro, tanto si prospera la querella que Manos Limpias ha interpuesto contra él a cuenta de su polémica investigación sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo, como si finalmente se declaran ilícitos los ingresos millonarios que percibió, y no declaró a sus jefes, durante una estancia de estudios en EEUU entre marzo de 2005 y junio de 2006.
Esta última cuestión, cuyas consecuencias serán solo disciplinarias, nunca penales, pero que podría minar seriamente el prestigio de Garzón, resucitó ayer con inusitada virulencia después de que el Supremo ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que comience a investigar de manera inmediata sobre la queja interpuesta por dos abogados particulares contra el juez, al que recriminan los mencionados ingresos extra, que habría ocultado a sus superiores con la finalidad de poder continuar percibiendo la totalidad de su sueldo como empleado público.
Además, el alto tribunal critica severamente al máximo organismo de gobierno de los togados por su decisión de archivar la denuncia sin realizar pesquisa alguna «que permita descartar la irregularidad de unos hechos que podrían ser constitutivos de responsabilidad en el ámbito disciplinario».
Por tanto, ahora el Consejo deberá realizar las indagaciones necesarias en torno a la queja presentada por los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el juez Garzón en relación a las actividades que desarrolló en Nueva York durante un permiso de estudios.
Todo ello se produce como respuesta al recurso de casación presentado contra la decisión adoptada en mayo de 2008 consistente en archivar de plano la queja.
Un año más tarde, en abril de 2009, la Sala de lo Penal del Supremo archivó la querella criminal contra Garzón por estos mismos hechos, aunque ordenó al CGPJ que investigara una posible responsabilidad administrativa por la percepción de 203.000 dólares mientras se le ingresaba su sueldo íntegro de juez.
Fuentes de la Comisión Disciplinaria del CGPJ señalaron ayer que es previsible que ambas investigaciones se acaben acumulando, al ser su contenido coincidente.
Lo cierto es que, según el dictamen del Supremo, los hechos denunciados «tienen una gravedad evidente, que exigía del Consejo General su comprobación».
Dicha gravedad queda acreditada por el hecho de que la Sala Segunda de lo Pena abriera unas diligencias informativas sobre dichos hechos cuya tramitación aún está pendiente.
Según el escrito presentado en su día por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que firmaron la querella criminal contra Garzón por sus cobros en EEUU, el magistrado «gestionó y obtuvo del Banco Santander los fondos necesarios» para celebrar dos jornadas que llevaban por título Diálogos Atlánticos y Derechos Humanos en América Latina..
El cobro de tan pingües honorarios fue también objeto de denuncia por cuanto que, poco después de que le ingresaran a Garzón tales cantidades, el juez debía juzgar al presidente de la entidad financiera, Emilio Botín, por el controvertido caso de las cesiones de crédito. Finalmente el cántabro resultó absuelto de todos los cargos que se le imputaban.
La hipotética vinculación entre ambos hechos, que hubiera podido ser constitutiva de cohecho por parte del togado, quedó en su momento descartada judicialmente por el Supremo, pero no así las irregularidades administrativas que podría implicar la percepción de semejantes cantidades de dinero mientras se cobra del erario público una nómina como magistrado de la Audiencia Nacional.
