El juez Baltasar Garzón ve una mano negra detrás de la campaña de desprestigio desatada los últimos días contra su persona. Por ello, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió ayer contraatacar dirigiendo un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncia que se encuentra en una «irremisible indefensión» tras conocer, a través de los medios de comunicación, que este órgano podría investigarle por archivar una querella contra directivos del Banco Santander en el año 2006.
Determinada documentación aparecida recientemente revelaría que el letrado contactó con la firma que preside Emilio Botín para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006. Fue poco después cuando desestimó un proceso contra la entidad. El Tribunal Supremo ya archivó una causa contra Garzón por el mismo motivo, y el CGPJ le abrió diligencias informativas, pero las cerró poco después. Los abogados José Luis Manzó y Antonio Panea han pedido que se le vuelva a investigar tras aparecer el nuevo material y acusan al togado de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.
En un escrito de tres páginas remitido al órgano de gobierno de los jueces, el magistrado de la Audiencia Nacional dice no tener conocimiento alguno de la citada denuncia, relacionada con una querella interpuesta ante el Supremo por los mismos hechos y de la que todavía no es parte, al no haber sido admitida a trámite. «Debo constatar la grave e irremisible indefensión en la que estas noticias y filtraciones interesadas me sitúan», señala.
A juicio de Garzón, en este caso se está vulnerando el secreto de un proceso penal al que él no tiene acceso «con el propósito de utilizar determinados informes en una estrategia prediseñada» contra él. Condena también que los documentos hechos públicos se entregaran a un diario (El Mundo), que en su editorial reta a sus «supuestos protectores políticos y mediáticos».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 recuerda al Consejo que el pasado lunes se dirigió personalmente al Supremo para solicitar que se le informe sobre la demanda de Mazón y Panea, así como de «la naturaleza y resultado de las diligencias de instrucción que hubieran podido practicarse».
La Comisión Permanente del CGPJ acordó el martes remitir el escrito de los letrados a su órgano disciplinario, que a su vez lo trasladó al Servicio de Inspección, que dispone de un mes para proponer el archivo del asunto, la apertura de diligencias informativas o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario.
Los querellantes basan su petición en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por el Banco Santander relativa a los contactos entre Garzón, Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios, archivó una querella contra directivos del banco por la apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.
La Memoria Histórica en ‘stand by’
Garzón, no solo protesta contra las supuestas conspiraciones contra él, sino también por las trabas a su trabajo. Así, el magistrado ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que pide el archivo de la causa que investiga su actuación en el caso de las desapariciones de la Guerra Civil y se queja del retraso «injustificado» en la instrucción, que considera «propia de un proceso inquisitorial».
La carta, presentada por el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, cuestiona la justificación de algunas de las diligencias acordadas que «han retrasado más» el procedimiento y cuyo resultado práctico ha sido que las asociaciones querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad, han obtenido los datos de centenares de víctimas del franquismo. Como consecuencia de una de esas decisiones, señala el letrado, estas asociaciones «de inocultado sesgo ultraderechista» han conseguido las piezas de documentos y correspondencia que constan en la causa y en las que figuran los datos personales -nombre, apellidos y dirección- de las víctimas que comparecieron ante Garzón.
«Sinceramente, para argumentar sobre la existencia de una prevaricación, no se nos ocurre qué les aportará a estas asociaciones identitarias el hecho de conocer estos datos privados», alega la misiva con fecha del 17 de diciembre.
Ante estos argumentos, Manos Limpias emitió el martes una nota de prensa en la que niega que hayan recibido una lista completa de ajusticiados por la dictadura, asegura que en ningún momento la han solicitado y acusa al magistrado de querer hacerse la víctima «para exonerarse de su responsabilidad». Según esta asociación, el magistrado y su abogado están «utilizando torticeramente la causa, amedrentando al juez instructor Luciano Varela y lanzando acusaciones falsas, tendenciosas y sectarias con el objetivo de deslegitimar» el proceso.
Manos Limpias y Libertad e Identidad consideran que Garzón cometió un delito de prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era.
