El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó ayer que el Gobierno «no va a dar ni un paso atrás» en la dirección emprendida para la reforma de la Ley del Aborto, y defendió que las menores de 16 años puedan interrumpir su embarazo porque «es difícilmente comprensible que sean maduras para formar una familia y no para someterse a esta intervención quirúrgica». Y añadió: «No queremos que ninguna niña de 16 años vaya a la cárcel por abortar».
Sobre las manifestaciones del domingo en distintos puntos de España, acusó a la Iglesia y al PP de doble moral, porque «solo sacan las pancartas cuando hay un Gobierno socialista». «Cuando estaba en el poder el PP se practicaron, de acuerdo con la ley, más de medio millón de operaciones», apostilló.
Asimismo, señaló que su partido no quiere para España «la hipocresía» que, a su juicio, practican «aquellos que por la puerta de atrás abortan y luego van en la cabecera de las manifestaciones». Por ello, indicó que el Ejecutivo va a actuar «con el máximo rigor» a la hora de afrontar y legislar en relación al aborto para «equiparar» al territorio nacional con los europeos.
Menos tajante se mostró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que quiso dejar claro que su Gabinete no ha realizado aún un proyecto de ley al respecto, y que hasta ahora solo ha habido el informe de los expertos y el dictamen de la comisión en el Parlamento. Por ello, planteó que el debate se coloque donde debe y que se discuta sobre la iniciativa legislativa que presente el Ejecutivo cuando se apruebe y no antes. Además, precisó que iba a mantener una actitud de respeto a las propuestas que lleguen al Consejo de Ministros, y que las decisiones se tomarán lo más ponderadas posible, al tiempo que puntualizó que no va a renunciar a hacer efectivo un compromiso respaldado en las urnas.
Por otra parte, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afirmó en el primer Foro Grupo COPE en Málaga que la reforma normativa no trata de reconocer el derecho a interrumpir el embarazo, sino de dar seguridad jurídica «a lo que es un hecho».
Como era de esperar, las reacciones de los socialistas a las movilizaciones provida fueron en catarata. Así, uno de los puntos que más dolió entre sus filas fue la comparación entre el aborto y el terrorismo por parte del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, Txema Oleaga, sostuvo que le producía «repugnancia moral» esa afirmación. «¿Qué pretende, equiparar a una mujer que lo practica con un terrorista?, ¿que se proceda a la condena a largos años de prisión a una persona que aborte? Me parece intolerable esa posición», recalcó.
También resultaba previsible que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se pronuciara sobre la marcha, por lo que se preguntó en voz alta por qué no se realizaron protestas similares durante los 25 años que lleva vigente la norma actual. Tras reunirse con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y la Sociedad Española de Contracepción -que pidió que se dé educación sexual en las escuelas-, dentro de la ronda de contactos que inició la semana pasada para analizar la reforma legislativa, instó a los organizadores provida a que concreten «qué aspectos no comparten en un anteproyecto de ley que todavía no existe».
A su juicio, los convocantes están instalados en un debate «superado» que tuvo lugar hace casi un cuarto de siglo, cuando se aprobó la actual Ley del aborto en 1984. Así, subrayó que existe un amplio consenso acerca de que la viabilidad fetal comienza a partir de la semana 22, el plazo hasta el que se permitiría interrumpir el embarazo en caso de malformaciones, según las recomendaciones del comité de expertos nombrado por la cartera que dirige.
