Mientras el Gobierno trataba de aparentar tranquilidad y proclamó por boca de la vicepresidenta De la Vega que hace «todo» lo que está en sus manos para lograr «lo más pronto posible» la liberación de los marineros del Alakrana, las familias de los 36 tripulantes del atunero vasco empiezan a temer por la vida de sus allegados y culparon, precisamente, al Gabinete socialista de la prolongación del cautiverio.
María Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe, uno de los 36 tripulantes del pesquero, se erigió en la voz de la indignación y sostuvo que la empresa armadora «no ha puesto ninguna traba económica» para solucionar el secuestro y que es el Ejecutivo «el que no hace su trabajo» para conseguir la liberación de los retenidos desde el pasado 2 de octubre.
En declaraciones a los medios en el portal de su vivienda en la localidad vizcaína de Sestao explicó que su marido la había llamado ayer mismo para comunicarle que los piratas habían desembarcado a tierra a tres de los tripulantes, algo «muy grave, porque Madrid no está atendiendo la principal» petición de los corsarios, la liberación de sus dos compañeros encarcelados en España.
«Las familias hemos comprobado que el Gobierno nos miente, nos han cerrado la boca en todo momento, amenazándonos con que entorpecíamos las negociaciones y diciendo que era solo cuestión de dinero», prosiguió Jiménez. «A mí me telefoneó alguien de Madrid tras una carta que publiqué en la prensa, y me dijo que me estuviera calladita porque dificultaba las cosas. Eso -añadió- era una amenaza velada porque se despidió diciéndome: yo no te he llamado».
También acusó al Ejecutivo de no haber informado a las familias cuando sabía que la negociación estaba «en crisis» y resaltó que han tenido que ser sus propios esposos «quienes han dado la voz de alarma».
A continuación, destacó que los secuestradores ya fijaron, en una entrevista con la agencia EFE, que la liberación de los dos detenidos era la primera condición para solucionar el secuestro, y que durante los últimos 19 días han cumplido con su amenaza de no permitir las comunicaciones de los tripulantes con sus familias a la espera de que se hiciera efectiva su exigencia.
Ya en el plano estrictamente personal, la esposa del marinero aseguró que los secuestrados están «hundidos» y que llevan el cautiverio, que dura ya 35 días, «sin agua, sin comida y hacinados en el comedor» del barco.
«No queremos víctimas para enarbolarlas, ni medallitas, ni una banderita española y una pensión de viudas, queremos a nuestros maridos de vuelta y vivos», resaltó la esposa de Iturbe, antes de exigir de nuevo al Gobierno que «arregle» la situación.
Muy similares fueron las quejas de Cristina, la hija del patrón del Alakrana, Ricardo Blach, quien manifestaba que «algún resquicio legal» puede existir para poder extraditar a Kenia a los dos piratas encarcelados, porque «tenerlos aquí» da la oportunidad a los secuestradores a «utilizarlos» para presionar. Desde su punto de vista, los corsarios «están aprovechando la desesperación de los familiares» y «el problema es que tener a sus compañeros presos les da la oportunidad de hablar de cambio de personas por personas».
Cristina dijo no saber «nada de juicios, sumarios o instrucciones, ni de cómo es el proceso. Lo único que sé es que si la Operación Atlanta tiene la posibilidad de entregar a los apresados a Kenia, a lo mejor ésa es la vía».
«Lo que nos tiene enfadados, y asustados, es que se nos negó que en la mesa de negociaciones estuviese la posibilidad de mandar a los dos piratas de vuelta», explicó. «Siempre nos dijeron que eso estaba fuera de toda negociación, pero hoy -por ayer-, cuando le he escuchado decir a mi padre que ésa era la razón por la que no avanzaban las negociaciones, me he disgustado doblemente», concluyó.
