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El Tribunal Supremo se ha posicionado con respecto al controvertido sistema de escuchas Sitel. Y lo ha hecho mostrándose a favor de esta tecnología, al considerar que es «preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación». Así lo ha puesto de manifiesto en una sentencia sobre narcotráfico notificada ayer por el ponente de la misma, el magistrado Luciano Varela.
En el caso citado, los condenados por tráfico de cocaína Óscar Falcón y Carlos José García Jiménez denunciaron la vulneración del derecho al secreto de sus comunicaciones telefónicas, al considerar insuficiente la motivación del auto del juez instructor de la causa en Verín (Orense). Éste ordenó las escuchas mediante la nueva tecnología. Los procesados alegaron que el sistema es inconstitucional y se quejaron de la deficiencia en el rango normativo regulador de las intervenciones. El Supremo rechaza ambos planteamientos.
Para ello, el tribunal alude a varias resoluciones anteriores en las que se reconoce igualmente la legalidad de Sitel, como una dictada el pasado 6 de julio en la que se fijaba el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación.
En ésta, el Supremo insiste en que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal «complementado con la doctrina de esta Sala y del Constitucional, permite el eficaz control judicial necesario en una sociedad democrática» desde la exigencia del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En la sentencia del pasado julio se decidía también sobre un supuesto en que se aportaron al juzgado las grabaciones obtenidas por Sitel y, en ella, el tribunal «no solo no cuestiona, sino que considera éste preferible a los modos de intervención anteriores».
El dictamen de la Sala de lo Penal del TS se hace público en plena polémica sobre la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel), cuestionada en las últimas semanas por el PP, algunos de cuyos dirigentes han llegado a calificar el sistema de «inconstitucional e ilegal».
El último episodio de esa controversia tuvo lugar el miércoles, cuando el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvo un tenso debate en el pleno del Congreso con el diputado del PP Carlos Floriano, que pidió la regulación por ley orgánica del modelo porque «es una intromisión en el derecho a la privacidad de las comunicaciones y en la intimidad de las personas».
El ministro respondió recordando que el sistema fue contratado por el Gobierno popular
-concretamente por sus dirigentes Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal, entonces vicepresidente primero del Ejecutivo y subsecretaria de Interior, respectivamente- y ligando las críticas del partido de la oposición a las escuchas practicadas por orden judicial en el caso Gürtel.
En la sentencia notificada ayer, el Supremo rechaza el recurso de dos condenados en diciembre de 2008 por narcotráfico por la Audiencia Provincial de Orense, que fueron detenidos junto a una mujer, que fue absuelta, tras seguimientos e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.
