Como era más que previsible, una vez que la Audiencia Nacional se deshizo del caso Gürtel por la presencia de aforados, y descartada la imputación de cargos de ámbito nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) decidió ayer hacerse cargo de la instrucción del sumario que investiga la presunta trama de tráfico de influencias liderada por el empresario Francisco Correa.
La instancia levantina tomará pues cartas en el asunto en todo lo que respecta a las denuncias que salpican al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al portavoz del PP en las Corts regionales, Ricardo Costa, al ex conseller y ex vicepresidente autonómico Víctor Campos y a Rafael Betoret, ex jefe del Gabinete de la Conselleria de Turismo. A todos ellos se les atribuye un posible delito de cohecho por haber, presuntamente, aceptado regalos de las empresas vinculadas con Correa a cambio de adjudicaciones de obras y contratos de la Administración.
La sala adoptó su decisión justo una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba que, en el estado actual de la causa, la dádivas que percibieron «no aparecen relacionadas con una actividad concreta» de las compañías vinculadas al caso Gürtel.
Asimismo, para evitar que continúen las «numerosas filtraciones» sobre el contenido del procedimiento, recuerda que el secreto del sumario, «que afecta a todas aquellas personas que no sean parte», implica que no se puede conocer nada de lo actuado hasta que se abra el juicio oral. «El abogado o procurador de cualquiera de las partes que vulnerase tal obligación será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas», tal y como reza textualmente la actual legislación.
Con o sin intervención de los medios de comunicación, lo cierto es que la situación judicial del caso está muy lejos de haberse aclarado. La circunstancia de que también estén implicados diversos cargos municipales de poblaciones madrileñas supone que parte del sumario corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que genera una indeseada concurrencia de instancias regionales y un previsible choque de actuaciones. Ante tal duplicidad, la doctrina del Supremo deja bien claro que la competencia corresponde al alto tribunal, que así centralizaría las investigaciones.
Dicha posibilidad, que quedó en principio descartada al no admitir la implicación de aforados nacionales, tiene bastante lógica jurídica, puesto que, como se explicaba en uno de los autos, resulta casi imposible dividir las investigaciones, dado que «el entramado societario constituido por los imputados» implica de manera casi indisoluble a los sospechosos madrileños y valencianos.
