El Gobierno de Sri Lanka afirmó ayer que sus tropas dejarán de bombardear o usar armas pesadas contra el último reducto guerrillero de los tamiles, tras más de una semana de presiones internacionales por la muerte de unos 2.000 civiles en su ofensiva contra los insurgentes. «El presidente ha decidido que las operaciones de combate han alcanzado ya su termino», aseguró el Ejecutivo ceilanés en un comunicado.
«Nuestras fuerzas de seguridad han recibido órdenes de poner fin al uso de armas de grueso calibre, aviación de combate y munición aérea que podrían causar bajas entre la población», añadió el Gabinete, que, por primera vez, admitió que las ha empleado.
Los uniformados de Sri Lanka lanzaron hace una semana un ataque final contra los integrantes de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) en una franja costera del distrito norteño de Mullaitivu, el último foco de resistencia guerrillera tras más de 25 años de contienda.
En esa pequeña franja, de unos 17 kilómetros cuadrados y declarada previamente «zona segura» por el Gabinete, se habían concentrado hasta 190.000 civiles, según cálculos de la ONU, muchos huidos de otras zonas de combate.
El Ejército ceilanés ha adelantado que 110.000 civiles han sido «rescatados» de ese territorio en la última semana y que quedan entre 15.000 y 20.000 junto a unos cientos de miembros de los LTTE, rodeados ahora en unos seis kilómetros cuadrados.
Según el comunicado difundido ayer, las tropas limitarán de ahora en adelante sus actividades al rescate de esos civiles «mantenidos como rehenes» por los Tigres Tamiles, aunque un portavoz militar aclaró que esto no supondrá un freno de sus operaciones en la zona.
«El LTTE está confinado en una pequeña área. Lo que el Gobierno quiere decir es que los combates se limitarán al rescate de esas personas», aclaró el portavoz, Udaya Nanayakkara, en alusión a la población tamil.
En la misma línea, una fuente de Defensa desmintió que el anuncio gubernamental signifique un alto el fuego por la presión internacional, y aclaró que se enmarca en una política de «cero bajas civiles» cuando las misiones de combate «están alcanzando su fin».
La organización Naciones Unidas calcula que 50.000 personas continúan en el interior de la franja costera, aunque el LTTE eleva la cifra a 165.000 y advierte de que son «inminentes» las muertes por hambre, porque el Ejecutivo está bloqueando los suministros alimentarios y de primera necesidad desde principios de este mes.
A pesar del anuncio oficial, un representante de los rebeldes, S. Puleedevan, acusó al Gobierno ceilanés de estar intentando «engañar» a la comunidad internacional, ya que los bombardeos continuaron en la zona después del supuesto alto el fuego.
La guerrilla culpó también a las tropas de causar nuevas muertes de civiles en un ataque perpetrado a primeras horas de la mañana -calificado por Nanayakkara como «maniobras de rescate»- y luego aseguró que hubo dos bombardeos más contra objetivos civiles.
Acosados por el Ejército, los Tigres Tamiles declararon el pasado domingo un «alto el fuego unilateral» con efectos inmediatos, aludiendo a la mala situación humanitaria en la zona, pero el Gabinete lo consideró un mero intento de los insurgentes de ganar tiempo y reagruparse.
La tregua guerrillera y el anuncio del Ejecutivo ceilandés coincidieron con la presencia en la isla del subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, quien pidió horas antes a ambos bandos una «pausa» humanitaria.
Holmes se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Rohitha Bogollagama, y visitó la localidad de Vavuniya para comprobar las condiciones de los civiles tamiles recluidos por el Gobierno en campos de desplazados, donde falta de todo para cubrir sus necesidades básicas. También tiene previsto entrevistarse con el presidente, Mahinda Rajapaksa.
El mandatario se permitió ayer mandar un recado a la comunidad internacional, aprovechando la masiva victoria que obtuvo este fin de semana su partido en unas elecciones regionales. «La provincia Oeste ha enviado un mensaje decisivo al mundo. Ha declarado categóricamente que ningún poder tiene derecho o justificación moral para pagar la fianza del brutal terrorismo cuando se escriben las últimas líneas de su capítulo final», concluyó Rajapaksa.
