La huelga de hambre que tiene a Aminatu Haidar en ayunas desde hace 25 días como medida de presión para que las autoridades españolas la devuelvan a El Aaiún, de donde fue expulsada el 14 de noviembre por Marruecos en una maniobra que aún no ha sido del todo explicada, comienza a causar estragos en la salud de la activista.
Es así hasta el punto de que la llamada por muchos la Ghandi saharaui tuvo ayer que posponer una anunciada rueda de prensa para dar su punto de vista sobre el desarrollo de la crisis porque, según fuentes de la Plataforma de apoyo a la exiliada, «no se sentía con fuerzas».
Haidar, que continúa cautiva en el Aeropuerto de Lanzarote, sí que tuvo ánimo para atender por la tarde a la presidenta de UPyD, Rosa Díez, que apostó por «presionar a Marruecos desde todos los frentes» para que permita la vuelta de la saharaui a su hogar.
Las declaraciones de la ex socialista fueron apenas una gota en el mar de pronunciamientos, quejas y sugerencias que motivó la crisis de la activista, que, sin embargo, no sirvieron para modificar un ápice la postura del régimen de Mohamed VI, del que depende única y exclusivamente el futuro de Haidar.
Llamativa fue la reclamación del Frente Polisario -a cuyas órdenes sitúa Rabat a la activista-, que informó de que ha remitido una carta al jefe del Estado francés, Nicolas Sarkozy, para pedirle que interceda ante las autoridades alauitas. El líder de la autoproclamada República Arabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz explicó además que Haidar «no tiene la intención de romper» su ayuno y que, a la vista de tal situación, «Francia no puede permanecer impasible ante esta grave negación de los Derechos Humanos que están en contra de los convenios internacionales».
Opuesta por completo fue la interpretación de la situación que realizó el ministro marroquí de Justicia Abdelwahed Radi, quien proclamó que tanto el país norteafricano como España son «víctimas» de «personas contrarias y hostiles a la unidad territorial de Marruecos», que han utilizado a Haidar «para crear un problema».
Radi quiso además dejar muy claro que al Estado magrebí le interesa mucho mantener su nivel de cooperación con Madrid. «Somos lo suficientemente maduros y sabios para superar esta situación», señaló antes de negarse a especular con un posible fallecimiento de la activista. «No hago política ficción. Además, no es mi problema», zanjó.
Quien sí aceptó abordar esa delicada hipótesis fue el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de la Rosa, quien explicó que, en el caso de que la saharaui pierda la consciencia, los jueces actuarán valorando la «voluntad de la saharahui y el interés del respeto a la vida». Tras semejante ejercicio de ambigüedad, De la Rosa recordó que la jurisprudencia determina que los «mayores de edad puede negarse a recibir cualquier tipo de alimento forzado».
Para que tal situación permanezca en el terreno de lo irreal, quizá Haidar debería hacer caso a otro integrante del Gabinete de Mohamed VI, Nizar Baraka, quien le recomendó que solicite un pasaporte de Argelia o de «otro país» que suela dárselo a los miembros del Polisario. «Marruecos no puede dar ese documento a una persona que no se cree marroquí», razonó antes de proclamar que «la responsabilidad -de su posible fallecimiento-es de ella».
Planteamientos tan maximalistas chocan frontalmene con la nueva petición realizada por Amnistía Internacional, que se dirigió a las autoridades alauitas para que permitan el regreso «inmediato e incondicional» de Haidar, solicitud que acompañaron con 48.000 firmas que han hecho llegar al primer ministro, Abás El Fasi.
