La Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción han denunciado el «masivo e indiscriminado uso de veneno» que, en su opinión, la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León viene llevando a cabo en las últimas semanas en la comarca de Tierra de Campos de la provincia de Palencia, «ante el pequeño repunte de topillo campesino que se ha registrado».
Los colectivos defensores de la naturaleza consideraron que el Gobierno regional «ha vuelto a caer en el mismo error que hace dos años». Para ello, apuntaron que se ha sembrado el campo de venenos anticoagulantes como la bromadiolona, «cuyas dramáticas consecuencias para la fauna ya quedaron demostradas en el pasado, con un claro riesgo añadido para la salud pública».
Los grupos conservacionistas han puesto de manifiesto igualmente que, además de las cuadrillas subcontratadas por la Junta a través del Itacyl, se está repartiendo veneno a los agricultores que lo solicitan o, simplemente, «se está permitiendo que de forma indiscriminada e incontrolada utilicen el veneno que tienen acumulado de campañas pasadas».
Como consecuencia directa de estas campañas de envenenamiento, los ecologistas dicen haber detectado a lo largo del mes de diciembre diversas especies animales muertas, presuntamente envenenadas, como milanos reales, garzas reales, una avutarda y cornejas negras. «Ya en los masivos envenenamientos del año 2007 se demostró la mortalidad de especies cinegéticas como la liebre ibérica, anátidas y la perdiz roja», agregaron.
Desde el mes de octubre y hasta enero de 2010 permanecerá abierta la veda de estas especies, muchas de las cuales están en contacto directo con el veneno y «por lo tanto son susceptibles de envenenarse y trasmitir los efectos anticoagulantes de la bromadiolona a las personas que ingieran estas especies», tal y como apuntaron desde la Asociación de Naturalistas y Ecologistas en Acción.
Invertir en prevención Ante estos acontecimientos, ambos colectivos conservacionistas han pedido públicamente a la Consejera de Agricultura que se haga un esfuerzo inversor en materia de prevención con equipos de monitorización permanentes que actúen como redes de alarma ante posibles repuntes de picos poblacionales de topillos. «Consideramos un despropósito gastar treinta millones de euros de dinero público en intentar solucionar un problema cuyo costes en pérdidas no alcanzó los seis millones de euros en 2007», precisaron.
Además, insisten en que existe una Comisión de Seguimiento y Prevención de Plagas que debe «emanar estudios e informes que marquen la línea de actuación en este tema». Por ello, han solicitado a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que haga pública la documentación generada hasta la fecha para poder contrastarla con otras informaciones que van apareciendo.
Los ecologistas subrayaron que, de esta forma y en la medida de lo posible, se va a evitar la posibilidad crear «una alarma social» innecesaria en lo que respecta a la salud de los ciudadanos de Castilla y León. «Especial interés tenemos en conocer esos informes que demuestran el vínculo negativo entre topillos, el veneno y la enfermedad de la tularemia», dijeron.
Para concluir pidieron que se utilicen todas las herramientas de gestión posibles «y se estudien proyectos de lucha integral de otros países con el mismo problema desde hace años y cuyos resultados son esperanzadores».
