Para resaltar un poco más las dudas que rodean a la actitud del juez Baltasar Garzón durante la instrucción del caso Gürtel, el magistrado encargado de investigar la presunta trama de corrupción en lo que respecta a los aforados madrileños admitió ayer la personación como acusación particular del PP. La decisión pone a los pies de los caballos al titular de la Audiencia Nacional que, mientras pudo retener la causa antes de inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia por la presencia de aforados de sendas regiones, se negó en rotundo a admitir la presencia del PP en el proceso ya que, según argumentaba, existían serios indicios de que el partido, como organización, podía compartir la responsabilidad de los sobornos de la red liderada por Correa.
Sin embargo, ahora, a pesar que Antonio Pedreira ha confirmado los indicios contra cargos populares, e imputado a los diputados madrileños, Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, considera que la formación política puede actuar como perjudicada.
Ello implica que no hay indicios de implicación institucional y, además, permitirá al grupo dirigido por Mariano Rajoy tener acceso a todos aquellos documentos que no estén sometidos al secreto del sumario.
En suma, el magistrado del Tribunal Superior de la instancia capitalina da implícitamente la razón al PP, que defiende desde un principio que su papel en la causa no es el de acusado, sino más bien el de acusador, pues se considera perjudicado por la trama.
El instructor ha decidido igualmente admitir la personación como acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas, para la que también se fija una fianza de 1.500 euros.
Por otra parte, el próximo martes declararán en calidad de imputados el ex concejal del PP en Boadilla José Galeote -padre del eurodiputado Gerardo Galeote, que no está imputado pero sobre el que también recaen sospechas de estar implicado en la red-, quien, según las investigaciones de Garzón, recibió 612.506 euros.
También se sentarán en el despacho del magistrado Eva María Sabio Villacorta y Gonzalo Naranjo Villalonga, sobre quien hay una referencia en la contabilidad B que llevaba Correa y en la que recogía los pagos fraudulentos a cargos públicos a cambio de contratos y adjudicaciones.
Además del empresario, también están acusados su mano derecha y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; y el primo de Correa, Antoine Sánchez, todos ellos en prisión preventiva desde hace tres meses. Asimismo, el PP acusa a tres empresas relacionadas con el líder de la conspiración, Especial Events, Easy Concept y Good & Better.
Las buenas noticias judiciales fueron acogidas con alegría por el responsable de Justicia del principal partido de la oposición, Federico Trillo, que consideró «muy positiva» la posibilidad de que el PP se persone como acusación, puesto que ello le permitirá defender su «buen nombre».
El conservador insistió luego en la «parcialidad» del juez Garzón al recordar que los populares presentaron el escrito de personación ante el Tribunal Superior de Madrid «con los mismos motivos y fundamentos» que alegaron ante la Audiencia Nacional, pero entonces el polémico magistrado rechazó dicha pretensión «y dejó al PP indefenso desde el pasado mes de febrero».
