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Una vez que el ego y la terquedad del ex ministro Bermejo quedaron fuera de la ecuación, el terreno para el acuerdo entre los magistrados y Justicia estaba despejado. Por supuesto, después de su sonada huelga, los togados llevaban todas las de ganar, como así ha sucedido finalmente. El encargado de admitir que el Gobierno ha doblado a la postre la rodilla ante las exigencias de los jueces, que exigen que se modernice la Administración Justicia, pero que también reclaman sustanciosas mejoras salariales y que se les reduzca su carga de trabajo, fue el nuevo titular del ramo, Francisco Caamaño.
En un lucido estreno, el socialista anunció que el Ejecutivo invertirá 600 millones de euros durante los próximos tres años. El ministro hizo hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías y la conciliación familiar de los jueces. Además, abogó por una Justicia con menos magistrados sustitutos y se refirió a la necesidad de actualizar la legislación penal y procesal. En tal sentido, aseguró que «no se puede caer en el fatalismo», pero que «hay que fijar metas realistas», ya que «bajo la sombra de los grandes propósitos acecha siempre la posibilidad de la frustración».
Por ello hizo público el despliegue de un sistema informático, con el acuerdo entre las regiones y el CGPJ, «para que toda la Administración funcione en red y conectada entre sí». Ése será fundamentalmente el destino de los 600 millones.
Entre sus planes futuros, Caamaño también propuso a los grandes partidos, regiones, agentes sociales y profesionales del sector sellar «un gran acuerdo social» sobre el que «cimentar una política consensuada y de largo alcance, para que el sistema cambie su inercia y se instale en el siglo XXI».
Y es que, según el socialista, «el pueblo español no está especialmente satisfecho con el funcionamiento de la Justicia», aunque «de nada sirve constatar las raíces históricas de la cuestión».
«Lejos de buscar falsos consuelos, debemos sentirnos profundamente preocupados porque las deficiencias son difícilmente justificables una vez transcurridos 30 años de democracia», argumentó sin concretar más.
En su explicación, el ministro aseguró que la ligitiosidad ha crecido mucho en los últimos años. «Hoy tenemos nueve millones de casos en los juzgados y en 10 años la carga de trabajo se ha incrementado en un 50 por ciento». A la hora de detectar algunas de las causas de este elevado número de casos pendientes en los tribunales, señaló la gran cantidad de «recursos judiciales, que permiten impugnar la totalidad de resoluciones dictadas por los tribunales, ocasionando resultados no deseados».
En su primera comparecencia ante la correspondiente comisión del Congreso, y ante las insistentes peticiones de la oposición para que detallara un calendario para poner en marcha las medidas anunciadas, el ministro lamentó que aún no es posible cerrar las fechas y se limitó a anunciar un nuevo proyecto de Código Penal para el inicio del próximo período de sesiones de la Cámara Baja. Respecto a la nueva huelga de jueces anunciada para junio, Caamaño reiteró que la voluntad de su Departamento es «sentarse a negociar».
Ante unas palabras tan ortodoxas como inconcretas, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Federico Trillo, no tardó en manifestar su «desconfianza» y «escepticismo», por lo que pidió «garantías de cumplimiento».
