La Junta de Castilla y León ha impulsado más, cuando se cumplen dos años de la reforma, los artículos que regulan la acción institucional con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con el vecino Portugal y con las instituciones de la UE, que el título donde se recogen, por primera vez elevados de rango, derechos cívicos y sociales en lo que fue una novedad del Estatuto bautizado como el de los ciudadanos.
Uno de los compromisos de legislatura del presidente de la Junta fue la firma de convenios con las comunidades vecinas para prestar servicios básicos con más calidad a las personas que residen en las zonas limítrofes. A este objetivo se ha dedicado con especial atención durante el último año el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, cuyo departamento tiene la competencia sobre la acción exterior. Así, a los protocolos firmados con Madrid, La Rioja, Asturias y Aragón han seguido los suscritos con Extremadura y Castilla-La Mancha y sólo faltan Galicia, País Vasco y Navarra.
El país luso ha sido otro de los protagonistas de la acción exterior. Juan Vicente Herrera no sólo preside este año las comunidades de trabajo con las regiones Centro y Norte de Portugal, sino que firmó un memorándum con el presidente y primer ministro de la República, al más alto nivel. También se ha impulsado la presencia en las instituciones europeas, en especial en el Comité de las Regiones de Europa, órgano en el que el presidente de la Junta ostenta aún la Jefatura de la Delegación Española.
La acción exterior, uno de los artículos más potenciados en la tercera reforma, que entró en vigor el 30 de noviembre de 2007, después de pasar por el Congreso y Senado con el respaldo mayoritario de los grupos y sin ningún voto en contra, no se ha quedado sólo en las comunidades vecinas. Castilla y León ha hecho grupo con las autonomías que han reformado sus estatutos: Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y Valencia. Las seis comunidades con ‘estatutos de primera generación’, como se han definido, han suscrito varios acuerdos.
El impulso de la colaboración y cooperación horizontal, una de las lagunas del Estado de las Autonomías, le ha llevado al consejero de la Presidencia a subrayar que Castilla y León desarrolla su estatuto «sin hacer ruido ni tensionar». Esta valoración la realizó el año pasado, al cumplirse el primero aniversario de la reforma. Mañana martes analizará cómo ha trascurrido el segundo año, según informaron desde su departamento.
Agentes políticos, sociales y económicos resaltaron, en especial, que el texto reformado dedicara su capítulo segundo al reconocimiento de los derechos de los castellanos y leoneses. Este protagonismo llevó al presidente de la Junta a bautizar el Estatuto como el de los ciudadanos, mientras que los sindicatos mayoritarios y el PSOE han puesto el acento en el artículo que eleva de rango determinados derechos sociales, entre ellos los relativos a la educación, salud, acceso a los servicios sociales, derechos laborales, de los mayores, menores de edad, personas en situación de dependencia y discapacidad, así como el derecho a una renta de ciudadanía.
En lo que todos, Junta y oposición, están de acuerdo es en que Castilla y León dispone desde 2007 de un Estatuto de ‘primera división’ y de ‘última generación’, en que la Comunidad no se ha quedado en el furgón de cola como sucedió en 1983, cuando fue la última autonomía en aprobar su norma de autogobierno.
