Justo al día siguiente de que varias encuestas confirmasen que la crisis económica y la pérdida de credibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero otorgan ya a Mariano Rajoy una ventaja de cinco puntos sobre su oponente socialista, el PP dio una nueva muestra de «autoexigencia» en su lucha contra la corrupción y aprobó un nuevo Código de Buenas Prácticas en el que obliga a sus cargos electos y ejecutivos a suscribir una carta de compromiso en la que prometerán actuar de acuerdo con los principios de «integridad, responsabilidad, transparencia y honradez» y aceptarán poner a disposición del partido la declaración de sus bienes y actividades cuando se les requiera.
Para velar por el cumplimiento de tales normas de conducta, los populares han creado la figura del auditor de prácticas internas, un puesto que desempeñará el ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaria.
El documento, que todos los responsables de la formación conservadora deben asumir, se formalizará a través de una declaración jurada, en la que ha de quedar inequívocamente reflejado que no existe causa jurídica que les inhabilite para participar en un proceso electoral y donde conste el compromiso expreso de «separar claramente en su actuación lo público de lo privado», racionalizando además «el uso de los medios de transporte oficiales y limitando el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes».
Además, en una cláusula a la que no es ajena el escándalo desatado por el caso Gürtel, especialmente en su vertiente valenciana, el texto aprobado por el PP consigna la prohibición de aceptar regalos que «no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». También se establece el compromiso de comunicar a la dirección del partido la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, poniendo a disposición de los órganos pertinentes el cargo que se desempeñe.
El incumplimiento de estas normas, añade el código, llevará aparejada la imposición de una sanción de acuerdo a lo establecido en los Estatutos del PP.
En materia de contratación, los conservadores se comprometen a vigilar más los procedimientos, aplicando unas instrucciones internas que garanticen los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.
Asimismo, Génova constituirá mesas de contratación que se encargarán de analizar y ponderar las ofertas contenidas en los contratos, eligiendo la que sea económicamente más ventajosa.
Así lo detalló la vicesecretaria de Organización conservadora, Ana Mato, encargada de la redacción del Código, una labor a la que ha dedicado los últimos dos meses, quien, con respecto a la llamativa imposición de no aceptar presentes de excesivo valor, detalló que «todo el mundo es consciente» de qué regalos ha de aceptar. Así aseguró que, «en Navidades, un miembro del PP puede recibir unos turrones, una caja de naranjas de Valencia o un vino de La Rioja; son costumbres sociales y estamos de acuerdo en lo que eso significa». Fuera de ese círculo de usos y costumbres, el Partido Popular prohibirá la recepción de obsequios, especialmente si son caros.
El Código de Buenas Prácticas, resumió Mato, «va más allá de los requisitos que marca la ley», y así, sancionará con el máximo rigor las conductas que «dañen la imagen del partido, aunque sean legales», y comprometerá absolutamente a todos los cargos.
En suma, en el afán del PP por combatir cualquier comportamiento irregular entre sus dirigentes, el texto se unirá al Pacto contra la corrupción presentado por los populares el mes pasado en Sevilla y se incorporará de manera oficial a los estatutos en cuanto el Congreso Nacional de 2011 así lo certifique.
