Por más que su derrota estuviera cantada, la presencia en el Congreso de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, suscitó ayer una enorme expectación, tanto por el morbo de ver cómo la baronesa regional sustituía por un día a Mariano Rajoy, como por escuchar los planteamientos del ala más conservadora del PP respecto al modelo de Estado.
No importó demasiado que los votos del PSOE, de IU-ICV, de los nacionalistas catalanes y gallegos, e incluso los de UPyD, se alinearan para echar abajo la proposición de ley sobre financiación autonómica aprobada por la Asamblea de Madrid en 2007 que plantea una reforma puntual de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que defendió Aguirre, porque la jefa regional subía, por vez primera desde que fuera ministra, a la tribuna de oradores de la Carrera de San Jerónimo mucho más para plantear grandes cuestiones que con el objetivo de aupar una norma condenada de antemano.
El principal argumento de Aguirre, en torno al que articuló todo su discurso, fue la necesidad de introducir el término «equidad» en el modelo de financiación autonómica para que haya un reparto «justo» del dinero y de las inversiones del Estado y así evitar «arbitrariedades».
«No he venido a pedir dinero, ni privilegios para los madrileños. He venido a pedir equidad para los madrileños y para todos los españoles», resumió Aguirre antes de reiterar que distribuir de manera equitativa la financiación pública entre todas las comunidades «viene a ser la piedra angular del Estado de las autonomías» y, «si esa piedra es endeble, si está mal tallada o no tiene las proporciones adecuadas, repartirá el peso que se ponga sobre ella de forma desigual». El objetivo último sería pues no «sobrecargar al muro que más carga soporta», ni «aliviar» el peso de otros por debajo «de lo que pueden sostener», para evitar así «que se desplome el edificio entero».
En términos prácticos, la jefa de la región capitalina abogó por que el Estado invierta más en las regiones «más deprimidas» para «acortar distancias con las más prosperas», pero sin olvidar que estas últimas -entre las que incluyó a la suya propia y a Cataluña- al ser «las más pujantes», sirven también de «motor» para el resto de las autonomías.
La popular criticó también que los estatutos establezcan criterios de reparto «tan dispares e incompatibles entre sí» como el peso de las regiones en el PIB total, el volumen de la población en el conjunto de la nación, o la dispersión de sus habitantes pues, según sostuvo, las comunidades que no han introducido esos parámetros en sus regulaciones «quedarán en franca desventaja».
Las réplicas a tales argumentos llegaron en cadena. Así, desde IU Gaspar Llamazares sostuvo que la propuesta de la conservadora «divide y confronta a las regiones y a los ciudadanos». Por su parte, la jefa de UPyD, Rosa Díez, dijo no entender que ahora el PP rechace las cláusulas autonómicas de inversiones estatales cuando ha participado en esas «graves e inconstitucionales injerencias» en distintos estatutos.
El PSOE también rechazó la proposición de ley, si bien su portavoz, la presidenta de los socialistsa madrileños, Delia Blanco, dedicó toda su intervención a censurar la gestión de Aguirre.
En lugar de contraargumentar a la iniciativa de la popular, prefirió acordarse de la red de espionaje en la Comunidad, el caso Gürtel, las «batallas» por el poder en Caja Madrid, la privatización de la sanidad o el uso «propagandístico» de Telemadrid.
Además, siempre a su juicio, la dirigente del PP llegó ayer al Congreso para «confrontar» con la dirección nacional de Génova y con su presidente, Mariano Rajoy. «Viene a poner deberes a su jefe de filas», comentó la socialista.
