Entre abril y junio, 126.700 personas se quedaron sin trabajo, lo que sitúa la cifra total de parados en 4.173.500 y la tasa en su nivel más alto en 11 años, tras colocarse en el 17,92%. El paro volvió a aumentar en el segundo trimestre, aunque lo hizo a un ritmo mucho menos intenso que entre enero y marzo, cuando se incrementó en más de 800.000 personas.
La tasa de desempleo roza ya el 18% y existen más de 1,1 millones de hogares en los que ningún miembro tiene ocupación. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre indican que el número de ocupados se redujo en 145.000 personas hasta las 18.945.000, y, por primera vez desde 2001, cayó la población activa, debido tanto al primer descenso en la tasa de actividad de los extranjeros desde 1996, como al menor avance de incorporación de mujeres al mercado laboral.
El Gobierno, que acaba de dar por zanjado el superpacto con empresarios y sindicatos que pregonó Zapatero hace unos meses, señaló que los datos son «preocupantes», muestran la intensidad del ajuste de la economía española, pero también una disminución en el aumento del paro, aunque deben analizarse con «cautela» y no son todavía consistentes con «un cambio de tendencia», según señaló el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
Pero estas cifras eran más o menos las esperadas, sobre todo teniendo en cuenta los contratos temporales que se firmaron para obras en Ayuntamientos. Lo que no se podía aventurar, al menos hasta el jueves por la noche, era que las negociaciones por el gran pacto social iban a terminar como han finalizado: de la manera más abrupta y virulenta posible.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, así como CCOO y UGT dieron por cerrada la actual etapa de diálogo por las reivindicaciones de la CEOE, a la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó de intentar quitar derechos a los trabajadores y de hacer unas ofertas «inasumibles».
El ex alcalde de Hospitalet responsabilizó del desacuerdo a la patronal por su actitud «intransigente y poco constructiva». Tras dar por «finiquitado» el debate, tras dos meses de intensas negociaciones, alabó la actitud «exigente, pero responsable» de los sindicatos.
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, y el de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, coincidieron en señalar que se ha certificado el «acta de defunción» de este proceso, que tenía y tiene en vilo al conjunto de la ciudadanía.
A fin de evitar un bloqueo o una cesión a los intereses de los empresarios, Zapatero anunció que el 13 de agosto, y por real decreto, se aprobará una de las medidas más demandadas por los sindicatos, la creación de una nueva protección para los parados que hayan agotado su prestación y carezcan de rentas. Esa ayuda -de 420 euros- tendrá una duración de seis meses, al menos; la mitad de lo que piden los representantes de los trabajadores.
En cuanto a la propuesta de la CEOE, el líder socialista dijo que su objetivo es «desregular» las condiciones del mercado de trabajo, que están «muy asentadas» en el territorio nacional. Con ese fin, la patronal pide «sacar de la tutela judicial» las decisiones relativas a expedientes de regulación de empleo (ERE) o despidos, denunció.
En un comunicado, esta asociación de empresarios calificó este comentario de «falsedad», y aseguró que nunca ha pedido el despido libre ni que se impida la defensa jurídica de los trabajadores; acusaciones graves que vertió Corbacho contra ellos hace dos días. En su oferta se propone que, a partir del 1 de septiembre, se negocie la «simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral, o supresión de alguno de ellos, para dar una mejor respuesta a la competitividad». Para Zapatero esto conlleva quitar derechos adquiridos a los trabajadores e «ir hacia una España de muchos años atrás». En su opinión, la CEOE presentó una «enmienda a la totalidad» al tercer borrador de acuerdo del Gobierno, del 20 de julio, que definió como «equilibrado». De las propuestas de la patronal, la que más categóricamente rechazó fue la rebaja de 5 puntos de las cotizaciones; cifra que, sin embargo, no aparece en el documento de los empresarios, que lamentaron la falta de ambición y rapidez de sus compañeros de mesa.
