No hay tregua en la batalla contra la violencia machista. Un total de 3.000 pulseras estarán a disposición de los juzgados a partir del 24 de julio para mejorar el control de las medidas de alejamiento de los maltratadores más peligrosos y para advertir a los agresores de que están siendo vigilados.
El Gobierno, en una puesta de escena conjunta de los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior, además de la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, presentó ayer estos dispositivos con los que se pretende mejorar la seguridad de la víctimas, darles confianza y comunicar a los criminales que están controlados.
Con estos brazaletes con GPS
-en los que se han invertido cinco millones de euros-, la titular de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que se quiere «decir al agresor que le estamos vigilando, que 40 millones de españoles le están observando» y que la damnificada «no está sola, sino que la sociedad impide» cualquier intento de aproximación a ella.
La mujer llevará una de las unidades electrónicas, similar a un teléfono móvil, que informa de su situación a un centro de control y permite la comunicación de voz y pulsar un botón de pánico. Además, puede percibir si el agresor se aproxima a menos de 500 metros.
El maltratador tendrá otro dispositivo similar y una especie de pulsera, que podrá colocarse en la muñeca o el tobillo, que es un transmisor que envía señales a la central de control y a la víctima.
Los avisos que genera el sistema, alarmas y alertas, son recibidos en un único centro de control, gestionado por una empresa de seguridad privada, que comunicará inmediatamente cualquier incidencia al cuerpo policial encargado del seguimiento del caso.
Las alarmas se activan cuando se quite o rompa el brazalete el maltratador, entre en la zona de exclusión de la víctima, se separe 10 metros del dispositivo o se pierda la cobertura del sistema de localización.
«A partir de que se recibe una alerta, el protocolo establece a quién se debe avisar, en unos casos a los servicios sociales y en otros casos a las fuerzas de seguridad», declaró el titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien insistió en que «el sistema se pone en marcha de forma inmediata». De esta forma, los agresores «se lo pensarán dos veces» antes de intentar pegar a su pareja, que se va a «sentir ahora más segura», añadió.
El ministro anunció que en las próximas semanas se presentará un modelo que incluirá los datos de las víctimas y el nivel de riesgo que puedan tener, y cuya información podrá ser consultada por todos los cuerpos policiales.
El Gobierno considera que los 3.000 dispositivos que se ponen a disposición de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla serán de momento suficientes -son el 10 por ciento de las órdenes de alejamiento dictadas en 2008-, ya que con este sistema se quiere dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que se trata de un mecanismo que se utiliza de forma cautelar para la protección de las víctimas y recordó el esfuerzo de los juzgados especiales contra los crímenes machistas y de los distintos protocolos suscritos para luchar contra este tipo de agresiones.
Desde el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán destacó la importancia de este sistema para superar la aplicación «hasta ahora dispar y de manera escasa» de los sistemas de control de alejamiento y para «hacer más efectivas las decisiones de los tribunales».
También intervino en la firma de este protocolo de actuación la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, quien apostó por seguir dando pasos para garantizar la seguridad y la confianza de las víctimas «asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan suceder las 24 horas del día». Un objetivo prioritario para todas las administraciones.
