España pagará durante mucho tiempo los esfuerzos que está haciendo para paliar los efectos del peor ejercicio económico de su historia democrática. Los datos no son dudosos en este sentido: el déficit del Estado hasta noviembre se multiplicó por cinco en relación con el mismo período del año anterior, al pasar de 13.967 a 71.524 millones de euros, el 6,79 por ciento del PIB. Una circunstancia que, según el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, es debida a la crisis y a las medidas tomadas para combatirla.
Los gastos hasta el citado mes ascendieron a 168.718 millones (el 21,5 por ciento más que en la misma etapa de 2008) y los ingresos fueron de 97.194 millones (el 22,2 por ciento menos).
En términos de caja -que computa lo que se da y lo que se recibe cuando se efectúan las operaciones y no cuando se comprometen, como hace la contabilidad nacional-, el Estado registró hasta noviembre un déficit de 68.508 millones, frente al saldo negativo de 11.038 millones del mismo período del ejercicio anterior.
Ocaña subrayó que estos datos hay que «contextualizarlos» y tener en cuenta que en diciembre hay una cantidad de pagos significativa.
El secretario de Estado incidió en que es imprescindible el proceso de consolidación fiscal para el próximo ejercicio, algo para lo que también solicitó el esfuerzo de las comunidades autónomas y entidades locales, sobre las que dijo que el Gobierno socialista será «absolutamente escrupuloso» para que cumplan con el objetivo de déficit.
Para estas instituciones, Ocaña señaló que es muy importante que hagan un esfuerzo de contención del gasto en el capítulo de retribuciones, ya que si no será «difícil imaginar» cómo se va a conseguir la reducción de los números rojos.
Asimismo, el dirigente señaló que es «deseable un acuerdo con medidas concretas de consolidación fiscal», y precisó que como no fue posible que se lograra en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 14 de diciembre, es necesario «hacerlo, y cuanto antes mejor».
En cuanto a los ingresos no financieros, que aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas antes de descontar la participación de los Ejecutivos territoriales, alcanzaron 150.754 millones de euros, el 13,9 por ciento menos que en 2008.
DESCENSO DE RECAUDACIÓN. Los impuestos directos se elevaron a 82.938 millones, el 13,7 por ciento menos, con una disminución del 10,9 por ciento en el IRPF, por la agilización de las devoluciones, y del 23,2 en el Impuesto sobre Sociedades, por la segunda fase de la reforma fiscal y por los menores beneficios de las empresas.
Los ingresos a cuenta de los tributos indirectos alcanzaron 52.579 millones, el 21,3 por ciento menos, con un descenso de la recaudación del IVA del 29,7 por ciento, hasta los 32.299 millones, debido sobretodo a los mayores aplazamientos contabilizados y a la ampliación del derecho de devolución mensual.
Por su parte, lo percibido por el Estado a través de impuestos especiales se elevó a 17.758 millones, el 15 por ciento menos, con un descenso del 11,4 por ciento en el Impuesto sobre el Alcohol y las bebidas derivadas y del 3,3 en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
De la misma manera, los pagos no financieros ascendieron a 163.600 millones, el 24,7 por ciento más y las transferencias corrientes aumentaron el 28,5 por ciento, con 95.657 millones de euros, entre las que destacan las realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal de 17.767 millones y el incremento del 109 por ciento de las de capital debido a los pagos del Fondo Estatal de Inversión Local.
Por otro lado, los gastos corrientes se incrementaron hasta noviembre un 12,4 por ciento, una subida que se explica casi exclusivamente por la adquisición de las vacunas de la gripe A, según aclaró Ocaña.
Además, a finales de noviembre las arcas públicas tuvieron una necesidad de endeudamiento de 108.842 millones, frente a los 36.203 millones del mismo período del ejercicio anterior.
