Mientras Gobierno y PP continuaron una jornada más enfrascados en la poco constructiva polémia en torno al esposamiento de los arrestados por el caso Palma Arena, en el que se investiga el enorme sobrecoste de la construcción de un polideportivo en la Comunidad balear, el ex presidente de la región Jaume Matas se vio salpicado por un escándalo al que todavía le queda un largo recorrido.
Tras conocer que su cuñado, Fernando Areal -gerente del PP regional entre 2003 y 2007-, ha sido citado por el juez para declarar el día 31, el popular se apresuró a anunciar que está «dispueto» a comparecer ante el instructor para «aclarar cualquier cuestión» acerca de los pormenores de las obras del velódromo, que tuvieron lugar durante su mandato.
El abogado del también ex ministro acudió ayer expresamente al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para comunicar al magistrado José Castro, la predisposición de su representado para trasladarse desde Estados Unidos, donde reside en la actualidad, para prestar declaración.
«Mi patrocinado no tiene ningún inconveniente en aclarar cualquier punto sobre el que se le interrogue», explicó el letrado, antes de subrayar que Matas mantiene una postura «transparente y colaboradora con la Justicia».
Al margen de las sospechas que recaen sobre su cuñado, el ofrecimiento de Matas ha surgido a raíz de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, y el ex director general de Deportes en la anterior legislatura y campeón olímpico en Atlanta 96, José Luis Pepote Ballester, ambos imputados y en libertad bajo fianza, se desvinculasen de las decisiones que se adoptaron durante la ejecución de las obras y que, presuntamente, habrían sido tomadas por instancias superiores.
Tales comportamientos estarían detrás de buena parte de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyeron el velódromo reclama al actual Govern. Si se demuestra la licitud de tales exigencias, la instalación deportiva habría pasado de un coste inicial presupuestado en 48 millones de euros a un gasto real cercano a los 100.
Entretanto, el PP registraba en la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares la solicitud para crear una Comisión de Investigación en el Ministerio del Interior con la finalidad de aclarar el trato, supuestamente vejatoril, que recibieron los cinco detenidos en relación con el caso y «depurar las responsabilidades que pueda haber».
Por su parte, la presidenta de los populares en el archipiélago, Rosa Estarás, envió un escrito al propio delegado del Ejeuctivo central, Ramón Socías, en el que critica el «juicio paralelo» que se realizó con los implicados, a quienes se detuvo delante de numerosos medios de comunicación, se condujo a comisaría esposados y se retuvo durante 72 horas en los calabozos antes de que el juez determinara su puesta en libertad con cargos.
Además, Estarás reitera la exigencia del partido de Rajoy para que se ponga en marcha un organismo que aclare el trato «inhumano» a los arrestados y las «filtraciones interesadas» que se produjeron.
