El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció ayer el restablecimiento de las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush, para juzgar a presos sospechosos de terrorismo retenidos en el penal de Guantánamo.
Los nuevos comités castrenses estarán dotados de mejores garantías legales, según Obama, y, por ejemplo, no podrán admitir rumores o pruebas obtenidas mediante interrogatorios «crueles, inhumanos o degradantes».
Los prisioneros tendrán también más facilidades para elegir a su abogado defensor y se dará proteccion básica a quienes se nieguen a testificar, agregó el dirigente en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
Los jueces de las nuevas comisiones militares también podrán establecer la jurisdicción de sus propios tribunales, explicó.
Según Obama, las reformas «comenzarán a restablecer los comités como un foro legítimo para el enjuiciamiento, al tiempo que las adaptan al Estado de Derecho».
El líder demócrata prometió también colaborar con el Congreso norteamericano para reformas adicionales que permitan que estas comisiones «enjuicien de manera efectiva a los terroristas y sean un camino, junto a los juicios en tribunales federales, para la administración de la Justicia».
«Ésta es la mejor vía para proteger nuestro país al tiempo que respetamos nuestros valores más queridos», destacó Obama.
Dos días después de jurar su cargo, en enero, el mandatario había firmado una serie de órdenes ejecutivas en las que exigía el cierre de la prisión de Guantánamo en el plazo de un año y suspendía las comisiones militares.
Entonces, el dirigente estadounidense alegó que ese sistema no funcionaba, pero no descartó que se pudiera retomar en el futuro tras introducirle reformas.
Las nuevas comisiones no juzgarán a todos los presos retenidos en la base de Guantánamo, en la actualidad un total de 241 personas, sino a algunos de los sospechosos de pertenecer a la red terrorista internacional Al Qaeda.
Entre ellos se encuentran cinco acusados de haber participado en la trama para los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, uno de los cuales es el supuesto cerebro de la operación, Jalid Sheij Mohamed.
Además, las comisiones podrían juzgar a otros prisioneros sospechosos de terrorismo que se capturen en el futuro.
El anuncio de la vuelta de las comisiones militares, que Obama describió durante su campaña electoral del año pasado como «un tremendo fracaso» político, ha causado una gran consternación entre todos los grupos pro derechos humanos.
Tras conocer la decisión de la Casa Blanca, la organización Amnistia Internacional afirmó que «en estos momentos no se puede reformar un sistema que es básicamente injusto».
«Estados Unidos cuenta con un método de justicia penal civil que está acostumbrado a enfrentarse a casos complejos. Éste es el sistema que la Casa Blanca debería emplear para cada preso de Guantánamo sospecho de haber cometido un delito y al que quiera llevar ante los tribunales», indicó la organización.
«Habría que entregar a los detenidos a una autoridad judicial de tipo civil e imputarles, siempre que proceda, delitos específicos, de acuerdo con la legislación federal en vigor en estos momentos», señaló Amnistía.
