El general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado en el juicio por las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, dejó claro ayer al hacer uso de su derecho a la última palabra que, aún hoy, hay ciertos estamentos que todavía no se han adaptado del todo a la vida democrática y consideran que sus buenas intenciones están al margen de la ley.
Además, en un claro recordatorio de que las Fuerzas Armadas continúan siendo una estructura jerarquizada en la que el rango se impone a cualquier otra consideración, Navarro no solo se erigió en portavoz de sí mismo, sino que anuló las voces del comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, también acusados y que, en atención a sus menores galones, ni siquiera osaron dirigirse al tribunal.
El general, que durante las sesiones del proceso incurrió en numerosas contradicciones y sobre quien los forenses turcos hicieron recaer toda la responsabilidad de la precipitación a la hora de repatriar los cadáveres, aun a sabiendas de que una treintena estaban sin identificar, insistió en declararse inocente de la masiva equivocación a la hora de asignar nombres a los restos, y se permitió el gesto paternalista de justificar, por el supuesto bien de los allegados, la cadena de negligencias más o menos culpables. De hecho, proclamó que las imprecisiones y la falta de información no fueron sino un intento por «dulcificar» las circunstancias terribles de los fallecimientos «para evitar torturas innecesarias» a los allegados.
«Cuando fatalmente se ve que no hay salida, el médico debe informar de forma comprensible para los familiares (…) Procuramos siempre dulcificar, cuando es necesario, las circunstancias de una muerte, para que esas familias que ya han perdido al ser querido no sigan torturándose, no sigan dando vueltas a algo ya irremediable», razonó.
Además, en un desesperado intento por evitar una condena que se antoja más que probable, el general acusó a las autoridades turcas de querer «quitarse de en medio todos aquellos cadáveres», asegurando que las «prisas» que han reconocido numerosos miembros del equipo español presentes en el escenario de la tragedia han sido desmentidas por otros testimonios. Eso sí, no recordó que quienes defendieron la ortodoxia del procedimiento fueron todos subordinados directos de Navarro.
En suma, la novena y última jornada de la vista oral sirvió para que el principal acusado, que se enfrenta a entre tres y seis años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, sostuviera que en sus «44 años de ejercicio de la medicina» jamás había tenido «ni un solo incidente», y se preguntara luego en voz alta «qué beneficio podía haber obtenido» del falseamiento de las identidades, máxime cuando entonces estaba ya «al final» de su carrera militar.
«Yo no considero que tengo un desdoblamiento esquizofrénico de la personalidad, un doctor Jekill y Mister Hyde. Yo que he estado haciendo bien sobre el bien dentro de una praxis normal, ¿voy a revolverme a hacer daño, a quién, a las familias, para qué?», se interrogó de manera retórica. «Habría sido una intervención absolutamente inexplicable», apostilló el acusado, que definió el escenario del accidente como «un infierno».
