Lo que ocurrió ayer tras el comité ejecutivo regional del PP valenciano depende del color del cristal con que se mire. Mientras la dirección nacional popular dio por hecho, incluso en una nota oficial, que el número dos regional, Ricardo Costa, ofreció su cese, Francisco Camps se erigió de nuevo en valedor de su compañero y sostuvo que se mantenía en su cargo, a la espera de que, como había exigido para hacer efectiva la renuncia, Madrid se comprometiera a abrir una investigación interna sobre las cuentas de la formación que permitiera demostrar su inocencia y esclarecer «qué ha podido pasar» en las relaciones con la trama de tráfico de influencias dirigida por Francisco Correa.
Tras una reunión de una hora, en la que solo hablaron los propios Costa y Camps, la dirección regional se apresuraba a dar una imagen de unidad y el principal interlocutor con Orange Market y El Bigotes proclamaba a los cuatro vientos que nadie le había pedido su dimisión.
Costa se apresuró a declarar, nada más terminar el Comité, en el que se debatía su «cese temporal» por su relación con el mencionado cabecilla del caso Gürtel, que Camps no había pedido su salida y que había sido él mismo quien propuso dejar temporalmente el cargo si la dirección nacional investigaba su gestión u «honradez personal».
El barón autonómico reafirmaba tales impresiones pero de una forma algo más ambigua al detallar que su colaborador había cedido su funciones «durante el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente qué es lo que puede haber ocurrido».
Para aumentar la confusión, desde Madrid se ignoraba esa presunta condición de iniciar pesquisas internas y se daba por hecha su destitución como secretario regional y como portavoz en las Cortes valencianas.
Poco después, de nuevo desde la capital del Turia, se contradecía a la dirección nacional y, en otro comunicado, se afirmaba que el comité ejecutivo regional había aprobado por unanimidad el «respaldo a la gestión de Costa como secretario general», de modo que no hay cese alguno.
Para terminar de sembrar la confusión, la mano derecha de Rajoy, María Dolores Cospedal, recurrió a una entrevista televisiva para desautorizar la desautorización y proclamar con rotundidad que Costa ya no tiene ningún cargo en el PP, aunque, eso sí, la manchega aceptó la condición del cuestionado político y se comprometió a iniciar la tan cacareada investigación.
No obstante, cabe reseñar que, en principio, la decisión de apartarle debería corresponder a los órganos regionales, y no a Génova, de modo que al cierre de esta edición continuaba la incertidumbre sobre la situación real de Costa. En suma, el día dejó dos versiones muy distintas a la hora de explicar el mismo hecho y, por encima de todo, la constatación de que el cisma entre Valencia y Madrid parece ya inevitable.
Pocas dudas caben de que finalmente será Rajoy quien imponga su criterio y lapide al díscolo número dos regional, pero subsiste la incertidumbre de si será capaz de llevar a efecto las amenazas veladas que vertió ayer al declarar que él se limitó a ceñirse «a las directrices» que le imponía la dirección nacional «aunque a veces hayan sido difíciles desde el punto de vista personal, pero en las que siempre dijo haber «antepuesto los compromisos con Camps y Rajoy».
